El Ministerio de Fomento ha remitido a las asociaciones nacionales de transportistas un documento de propuesta de modificación de la actual regulación sobre los pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías por carretera, para ser debatida en próximas fechas. El texto contempla tanto la aprobación de circulación para los megacamiones de 60 toneladas de MMA y 25’25 metros de longitud como al incremento de la altura de los vehículos hasta los 4,5 metros.

Según los planes del departamento que dirige Ana Pastor, para la circulación de dicho tipo de vehículos se exigirá la obtención de una autorización expedida por la Dirección General de Tráfico (o por los Departamentos de Tráfico de Cataluña y País Vasco) en la que se establecerá las vías por las que podrá circular, que preferentemente serán autopistas y autovías, así como las demás condiciones de circulación de dicho vehículo, estando prohibido que sean utilizadas para el transporte de mercancías peligrosas.

Esta nueva categoría de vehículos solo se encuentra implantada en los países del Norte de Europa, no estando permitido en los países de nuestro entorno (Francia, Reino Unido, Portugal e Italia), recuerdan desde la organización Fenadismer.

También desde la organización que preside Julio Villaescusa, aunque por el momento no critican abiertamente la medida, aseguran que es necesario tener en cuenta que la configuración de estos vehículos “afecta a las infraestructuras sobre las que circula, lo que obliga a hacer estudios sobre el impacto que la introducción de los megacamiones puede suponer por las diferentes carreteras por las que vaya a circular (desgaste del firme, giro de las rotondas, acceso a los túneles, presión sobre los puentes, etc)”.

«De generalizarse este tipo de vehículos, supondría una reducción de la flota actual superior al 15%», advierten en Fenadismer

Con todo, según diferentes estudios realizados la introducción de los megacamiones plantea ventajas desde el punto de vista económico al consumir un 15% menos de combustible en toneladas-kilómetros que un camión de 40 toneladas, medioambientales al reducirse las emisiones de CO2 en torno al 5%, e incluso modales al implicar un potencial trasvase de la mercancía transportada por ferrocarril al transporte por carretera en torno al 10%.

Sin embargo, “de generalizarse este tipo de vehículos, supondría una reducción de la flota actual superior al 15% y un importante incremento de los costes de mantenimiento de las infraestructuras viarias para adaptarlas a las nuevas magnitudes de esta categoría de vehículos”, advierten desde la federación de transportistas.

Aumento de la altura hasta los 4,5 metros
Junto con la aprobación de los megacamiones de 25,25 metros y 60 toneladas, el ministerio también quiere aprobar que la altura máxima de los vehículos pase a ser de 4’50 metros, una medida que en la actualidad ya se permite en el caso de los transportes portavehículos, vehículos grúa de asistencia en carretera y transporte de contenedores en régimen de transporte multimodal.

Ahora, sin embargo, la propuesta amplía dicha altura a cualquier camión rígido de más de 18 toneladas de MMA, así como vehículos articulados y trenes de carretera, siempre que su carrocería sea adaptable en altura y homologada para dicha altura. En todo caso, dicho vehículo de transporte no estaría autorizado para realizar transporte internacional con dicha altura, al no permitirlo la vigente Directiva europea reguladora de los pesos y dimensiones en transporte internacional.

No a las 44 toneladas
Desde Fomento soportan desde el punto de vista técnico su propuesta en los avances en el diseño de los vehículos de transporte y la mejora de las infraestructuras viarias. Sin embargo, la propuesta descarta la introducción del polémico aumento del tonelaje de los actuales vehículos articulados y trenes de carretera a 44 toneladas, que se planteó en un proyecto de modificación de la Dirección General de Tráfico el pasado año, y que contó con el rechazo de Fenadismer y otras organizaciones de transportistas “por su carácter discriminatorio al favorecer exclusivamente a las empresas titulares de una determinada tipología de vehículos y porque dicha medida agravaría la actual situación de sobredimensionamiento de la flota de transporte española”.