Cataluña y Fomento: principio de acuerdo para prohibir la circulación de camiones en la N-240

La prohibición se aplicaría en 40 kilómetros entre las localidades de Borges Blanques (Lérida) y Montblanc (Tarragona).
La prohibición se aplicaría en 40 kilómetros entre las localidades de Borges Blanques (Lérida) y Montblanc (Tarragona).

En una dura nota de prensa Fenadismer denuncia que la Generalitat de Cataluña “está decidida a ampliar su campaña de acoso contra los camiones que circulan por las carreteras catalanas que ya inició el pasado año 2013, cuando acordó, en el mes de abril, la prohibición absoluta los 365 días del año y las 24 horas del día de circulación a los camiones en 90 kilómetros de la N-II en la provincia de Gerona hasta la frontera francesa”.

“En un nuevo intento por expulsar a los camiones de las carreteras nacionales”, prosigue el colectivo presidido por Julio Villaescusa, “la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña ha anunciado un principio de acuerdo entre el Gobierno autonómico y el Ministerio de Fomento para mejorar la movilidad entre Lérida y Tarragona (…). Dicho acuerdo incluye la prohibición en próximas fechas de la circulación absoluta de camiones las 24 horas del día y los 365 días del año en 40 kilómetros correspondientes a la N-240 entre las localidades de Borges Blanques (Lérida) y Montblanc (Tarragona), que discurre paralelamente a la autopista de peaje AP-2, obligando a los transportistas a circular por dicha vía de pago, gestionada por la concesionaria Abertis”.

Fenadismer destaca que las asociaciones de transportistas catalanas, que han constituido una plataforma unitaria de reivindicación, “rechazan de plano esta prohibición, que sólo aceptarían si se les ofrece a los transportistas una vía alternativa libre de pago. Por ello han anunciado que de confirmarse un acuerdo definitivo en estos términos, estudiarían las medidas de respuesta contra dicha prohibición”.

Por otra parte, desde el mencionado colectivo transportista se recuerda que la decisión tomada en abril de 2013 fue recurrida por Fenadismer, junto con sus organizaciones catalanas AGTC y Astac, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La resolución judicial al respecto aún está pendiente.

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