La Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar si la ley alemana que establece que a partir del pasado 1 de enero los profesionales que conduzcan un camión en territorio germano deben cobrar un mínimo de 8,5 euros/hora se ajusta al Derecho comunitario o por el contrario contraviene alguno de sus postulados.

El procedimiento de “pre-infracción”, incoado el pasado 21 de enero, concede a la Administración alemana un plazo de 30 días para defender ante la Comisión la norma aprobada recientemente por el Bundestag. Mientras tanto, el Ejecutivo comunitario estudiará elimpacto del nuevo texto legislativo alemán y si es compatible con la reglamentación europea.

Hasta entonces, los Estados miembro pueden aportar sus alegaciones a la Comisión. Por ello, el Ministerio de Fomento ha solicitado a las asociaciones de transportistas que le envíen “toda la información que sea posible sobre las pérdidas económicas que dicha medida puede estar suponiendo a las empresas transportistas que circulen por Alemania”, explican desde Fenadismer, que ha puesto a disposición “de todas las empresas transportistas españolas” esta dirección de correo electrónico para recibir esos datos.

El culebrón del salario mínimo alemán no ha levantado ampollas sólo en España, sino que las más representativas organizaciones de transportistas de Europa se han levantado en pie de guerra contra la norm. Este es el caso de la IRU, cuyo delegado en la UE, Michael Nielsen, ha asegurado que “no es aceptable que las autoridades alemanas puedan imponermultas de hasta 500.000 euros cuando no hay claridad legal ni se ha informado debidamente a los transportistas”.

En un comunicado difundido a los medios, la IRU subraya que ni la propia organización, ni las instituciones europeas o los Estados miembro han sido informados acerca de la nueva ley, “ni de las obligaciones que impone a las compañías”. Además, asegura que “hay muy poca información disponible en otro idioma que no sea el alemán, e incluso ésta adolece de detalles”.

No queda ahí la crítica de la IRU, sino que la agrupación sostiene que el procedimiento de registro ante las autoridades germanas “es ineficiente e innecesariamente gravoso” y hace hincapié en el hecho de que “sólo se facilita un número de fax para que las empresas registren a sus conductores”.

Además, muchas otras cuestiones prácticas continúan “sin respuesta”, como el modo en el que se debe calcular exactamente el salario mínimo para conductores empleados por compañías establecidas fuera de las fronteras alemanas”.