La Confederación Española de Transporte de Mercancías,  CETM, celebró el pasado jueves, su Asamblea General Ordinaria. De carácter presencial, en un intento de superar la situación planteada por la pandemia, tenía como principal objetivo la elección de un nuevo presidente, que finalmente recaería, una vez más en Ovidio de la Roza, reelegido para el cargo, por unanimidad, y para el período 2021-2025.

En una intervención muy crítica con las medidas que está adoptando en los dos últimos meses el Mitma, y en presencia de la secretaria general de Transportes María José Rallo, de la Roza se refirió a uno de las cuestiones que más preocupa el sector: el pago por uso de de las carreteras. Una medida, afirmó, “especialmente vergonzante”, puesto que los transportistas abonamos anualmente más de 10.000 millones de euros en impuestos de hidrocarburos. De seguir esta medida sobre la mesa no nos queda otra solución que establecer medidas de presión”.

En otro momento de su intervención, aseguró sentir que están siendo de nuevo olvidados por el Ministerio, “hemos tenido cientos de reuniones, incluso acepto que se ha percibido un talante cordial con el ministerio, pero finalmente pocos problemas se han solucionado, más bien todo lo contrario y así nos encontramos con un fuerte subida de los carburantes, la imprecisión en las medidas que incluye el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, aseguró. Para de la Roza, “no es de recibo, que tras el esfuerzo que hizo el sector el pasado año en plena pandemia, sin el transporte el país no hubiera funcionado, la Administración no haya querido vacunar a nuestros profesionales, “este año parece que ya no somos sector esencial y, además, deja fuera al sector a la hora de conceder ayudas”.

El presidente de la CETM no ha querido pasar la oportunidad de mencionar una de los “pocos triunfos” del sector en los últimos meses. Se trata, “gracias a la intervención del Comité Nacional de Transporte, “a la eliminación del requisito de antigüedad media de la flota, algo que nos parecía absolutamente inadmisible”.

Por su parte, la secretaria general de Transportes, María José Rallo, que cerraría el acto de la Asamblea General, comenzó su intervención asegurando “ser mucho más optimista que de la Roza, confió plenamente en que conseguiremos hacer un gran trabajo con un sector  a través del el Plan Impulsa, nacido para dar respuesta a los problemas del sector, de hecho es la primera vez que se elabora un plan específico para el transporte de mercancías por carretera. Es la gran oportunidad para hacer un cambio profundo”.

En su intervención mencionó la cuestión que, sin duda, más preocupan al sector: el pago por el uso de las infraestructuras. Una cuestión sobre la que Rallo no tiene dudas, “necesitamos debatir, es necesario, pero bajo una premisa clara el ministerio seguirá apoyando el compromiso que sobre esta cuestión se alcanzó con el Comité en julio de 2020. Dicho de otro modo, una medida de este calado, que por cierto no podría implantarse hasta el 2024, no se llevará a cabo si no hay consenso con el sector”.

Sobre los peajes, la secretaria de Transportes se ha mostrado tajante y ha afirmado que el debate es necesario, pero no se puede abandonar el compromiso que se alcanzó con el CNTC en julio de 2020 y ha señalado que no se podría llevar a cabo antes de 2024 porque ahora le economía necesita un impulso. “Esta medida no se puede llevar a cabo si no existe consenso”, ha insistido.