Las novedades presentadas por la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, dentro del paquete de carretera que está llamado a reconfigurar la normativa europea en este sector, siguen dando lugar a controversias. Una vez presentado el documento el pasado 31 de mayo ha quedado abierto un complejo y lento proceso que dará lugar a un cambio en el panorama legal y ante el que todas las partes afectadas deben posicionarse.

Es el caso de Astic, que acaba de mantener un encuentro en Madrid con el eurodiputado de Partido Popular Luis de Grandes para profundizar en el contenido del citado paquete y ante quien el presidente de la organización de transportistas, Marcos Basante, ha subrayado la necesidad de que la Directiva de Trabajadores Desplazados no se aplique al sector del transporte internacional por carretera al entender que «no son trabajadores desplazados, sino que se desplazan por los países para poder entregar la mercancía y regresan al de origen”.

De hecho, Basante ha asegurado que “las soluciones presentadas solo están creando caos e inseguridad jurídica, unido a un aumento de burocracia y costes asociados, ya que la Directiva no está pensada para su aplicación al sector del transporte por carretera”. Por esta razón, Astic aboga por crear y consensuar una aplicación específica de la regulación para esta actividad, teniendo en cuenta su propia naturaleza de alta movilidad.

Como propuesta de solución, Marcos Basante ha expuesto a Luis de Grandes una alternativa que regule los costes sociales del transporte de mercancías vía Reglamento para toda Europa. En línea con el Tratado Roma I, el método se basaría en cuantificar el porcentaje del trabajo real al mes que emplea el conductor en otros países miembro, distintos a aquel en el que tiene su contrato laboral vigente. Las condiciones laborales a aplicar serían las correspondientes al país en el que mayor porcentaje de las cargas se hubiese contratado, detallan en Astic.

La vigilancia de una regla de este tipo se haría de forma mucho más sencilla y efectiva y, además, tanto el conductor como la empresa tendrían una normativa clara a la que adherirse para determinar el coste laboral cada mes, apuntan. “Con la actual aplicación heterogénea de la DDT que hace cada país europeo de manera unilateral, las variables a manejar son excesivas, ya que hay multitud de salarios, aplicados de manera diferente en cada país y sobre unidades de tiempo muy cambiantes. Determinar las nóminas puede convertirse en un verdadero sudoku” ha declarado Marcos Basante.

Por su parte, el eurodiputado Luis de Grandes tiene claro que el juego de intereses y prioridades en este caso es extraordinariamente complejo y pueden producirse alianzas de lo más inesperadas en ciertos aspectos y que no tengan continuidad en otros. “Los diferentes representantes sectoriales dentro de cada país probablemente tendrán posiciones divergentes en más de un asunto”, apunta. Es más, el eurodiputado ha urgido a la asociación a que no deje pasar la oportunidad de dar impulso a esta iniciativa que busca armonizar y cohesionar la normativa social relativa al sector del transporte por carretera en Europa.