Los «alternativos». Por Ramón Valdivia, director general de Astic

La de “alternativos” es una de esas palabras que ya no pueden faltar en ningún discurso políticamente correcto como sucede con “inclusivo” o “sostenible” o la coletilla “entre todos”. Me explico: empezaré por recordar que la Comisión Europea publicó en 2013 una directiva enfocada a forzar a los Estados a establecer estaciones de combustible alternativos en toda Europa (AFID), se incluían hasta unos estándares comunes para su diseño y uso. Pues bien, este tema vuelve de nuevo a la agenda institucional con bríos renovados, de la mano del Green New Deal y los planes de reconstrucción europeos diseñados para combatir los efectos económicos de la epidemia de COVID-19.

La “melodía” de esta normativa suena bien pues persigue una movilidad sostenible. Tenga por descontado el lector que nuestro sector está favor de una transición energética eficaz. De hecho ya hemos logrado reducir la huella de carbono en más de un 20% por cada ton.Km producida incorporando nuevos vehículos más eficientes, invirtiendo en formación de los conductores en habilidades de conducción económica y segura, en equipamiento en TIC’s para optimizar la planificación de rutas y la mejora en la gestión de las flotas, etc.

Incluso hemos incorporado combustibles alternativos como el gas natural allí donde la disponibilidad de vehículos y servicios de repostaje han ido permitiendo que la transición se hiciese sin comprometer la rentabilidad. Otros “alternativos” ahora muy nombrados por los políticos como las baterías recargables o el hidrógeno, está muy lejos de ofrecer una infraestructura real, sólida y lo suficientemente extendida de puntos de recarga/repostaje en el país que lo sostenga y un precio razonablemente asequible de los vehículos. Dejando aparte por ahora la fiabilidad técnica de ese tipo de vehículos esos dos desafíos, a fecha de hoy, son un puro espejismo y golosinas frecuentes del discurso político que barajan sin mucho acierto, en mi opinión, fechas de implantación exageradamente optimistas.

Ante la constatada incapacidad de la CE para forzar a los Estados a disponer de una infraestructura mínima para combustibles alternativos, me atrevo a sugerir una serie de medidas para revisar la famosa AFID, en línea con las recomendaciones de IRU a la cámara presidida por Ursula Von der Leyen, y que probablemente ayudarían a los Gobiernos y empresas a implementar la transición energética. En primer lugar, son convenientes políticas de incentivos para tecnologías alternativas e infraestructuras asociadas hasta que sean capaces de sustentarse comercialmente.

Hablo de hacer atractiva la “aventura” del cambio energético mediante subvenciones, créditos fiscales y subsidios cruzados, no de lo que se suele plantear: incrementar la presión fiscal y las barreras normativas para el uso de las energías actuales hasta hacer disuasorio su empleo. Tapando así lo que no es más que afán recaudatorio con el manto “verde” de la protección ambiental.

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