La precarización contagiosa. Por Ramón Valdivia, director general de Astic

“Ya es hora de que la Administración se dé cuenta de la necesidad de un marco legislativo estable que proteja a las empresas creadoras de puestos de trabajo de calidad”, opina el director general de Astic.

La “batalla” judicial entre algunas plataformas de distribución y sus supuestos colaboradores (autónomos) ha vuelto a poner sobre la mesa un viejo problema del mercado laboral español: la enorme diferencia de costes sociales (y responsabilidades societarias) entre los trabajadores asalariados (los llamados “trabajadores por cuenta ajena”) y los “autoempleados” o trabajadores autónomos.

Esa distorsión inducida por la normativa fiscal, laboral, social e incluso penal (recordemos la famosa “compliance” tan de moda en los últimos años, pero dejemos ese tema para otra ocasión) tiene especial relevancia en nuestro sector, el transporte por carretera y en nuestro país, donde la fragmentación empresarial destaca claramente sobre otros países de nuestro entorno.

Prácticamente todos los nuevos modelos de negocio que, en este sector y en otros, dicen apoyar sus expectativas de crecimiento en la utilización “disruptiva” de las nuevas tecnologías -léase una “app” y algo de marketing- en realidad son un simple canto al “low cost” y se cimentan sobre la explotación extrema de las “ventajas” de utilizar “autoempleados” frente a la otra alternativa de contratarlos. Estas plataformas digitales básicamente pretenden coordinar lo que antes estaba descoordinado y, por tanto, no era suficientemente eficiente y conllevaba costes que ahora prometen que van a ser eliminados, de modo que logran así el aplauso de la opinión pública y de los vigilantes de la competencia en el lado de las Administraciones.

No me tengo por un cavernícola que niega el avance tecnológico, pero creo que hay que diferenciar entre la tecnología que favorece la eficiencia de las empresas de transporte y las tecnologías que provocan destrucción del tejido empresarial (y sus empleos) que tantos años nos ha costado construir.

El problema principal, además de la precarización laboral que arrastran, está en que esas novedosas formas empresariales entran en directa competencia con los llamados ahora despectivamente “empresarios tradicionales”. Empresarios que tienen en nómina a sus trabajadores, pagan sus salarios y sus cotizaciones a la SS -mucho mayores que las de los autónomos- haya o no haya “viajes”, se esté o no en periodo vacacional o de baja laboral y que, llegado el caso de una crisis, han de hacer frente a las correspondientes indemnizaciones económicas a empleados veteranos.

Dado que todos esos costes -fijos cada mes y latentes a largo plazo- suponen casi la única variable de competitividad en precios que se puede manejar en el sector, la precarización que va de la mano de esta ingeniería sociolaboral resulta obligadamente contagiosa e impide que las empresas de transporte puedan desarrollar modelos salarialmente atractivos para atraer nuevas vocaciones.

Ya es hora de que la Administración se dé cuenta de la necesidad de un marco legislativo estable que proteja a las empresas creadoras de puestos de trabajo de calidad y no a aquellas que lo destruyen. Y, por supuesto, que proteja al autónomo para que tenga la posibilidad real de crecer sin que las consecuencias fiscales, sociales y laborales le desanimen. Será entonces cuando logra salir de su sempiterna precariedad.

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