La defensa de Aecoc de la carga y descarga por los conductores demuestra que los cargadores se han quitado «la careta», según Fenadismer

Fenadismer señala a las empresas cargadoras que la actual legislación en materia de contrato de transporte ya establece la regla general de que las labores de carga y descarga corresponden al cargador y destinatario.

Los cargadores, por fin, se han quitado «la careta». Esta es la conclusión a la que llega Fenadismer una vez que José María Bonmatí, director general de Aecoc, ha criticado la prohibición que defienden los transportistas para que los conductores no realicen labores de carga y descarga, una medida que, de llevarse a cabo, advierte el directivo de la asociación de cargadores, generaría un coste superior a los 2.000 millones de euros anuales y provocaría un nivel de conflictividad enorme por la dificultad que tiene la disposición de medios para facilitar su aplicación.

Fenadismer ha agradecido que «por fin los cargadores ‘se quiten la careta’ y manifiesten a las claras que su único motivo de rechazo a que se establezca tal prohibición es por un simple motivo de ahorro económico, sin que les importe para nada los posibles riesgos laborales o de salud que tal actividad conlleva, agravados con la crisis sanitaria que lamentablemente venimos padeciendo en nuestro país en los últimos meses».

Asimismo, en opinión de la organización de transportistas que preside Julio Villaescusa, «esta afirmación viene a confirmar la absoluta falsedad del compromiso de las asociaciones de cargadores manifestado al Gobierno al principio de la pandemia en el sentido de recomendar a sus empresas asociadas que limitaran la participación de los conductores profesionales en dichas tareas para reducir los contagios, conforme a las directrices marcadas por la Unión Europea».

Además, Fenadismer señala a las empresas cargadoras que la actual legislación en materia de contrato de transporte ya establece la regla general de que las labores de carga y descarga corresponden al cargador y destinatario respectivamente, «por lo que tal afirmación del representante de la asociación de cargadores supone de facto reconocer abiertamente que dicha obligación se incumple como regla general».

Es precisamente dicho incumplimiento generalizado lo que motiva a las asociaciones de transportistas a exigir al Gobierno a que se establezca su prohibición por ley, sancionándolo en caso de incumplimiento. Además cabe recordar que dicha prohibición y su correspondiente régimen sancionador, ya estuvo incluido en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres durante diez años, «por lo que bastaría con restablecer una ley que desafortunadamente fue derogada en 2013», destacan.

También consideran ofensivo para el colectivo de transportistas el reconocimiento de que la imposición a los conductores profesionales para que realicen dichas tareas les permite obtener un ahorro económico a su costa de nada menos que 2.000 millones de euros, «de los que por supuesto los transportistas no obtienen beneficio económico alguno».

En este ambiente, ciertamente caldeado, entre transportistas y cargadores, en Fenadismer insisten en que la aprobación de que se prohíba que los conductores realicen las labores de carga y descarga por parte del Gobierno es una reivindicación irrenunciable, que se plantea como “línea roja” de cara a la convocatoria del paro nacional de transporte para los días 27 y 28 de julio.

 

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