Francisco Corell, reelegido presidente de FVET

Francisco Corell aseguró que el 10% de las empresas de transporte que han desaparecido en España en los últimos años eran de la Comunidad Valenciana.
Francisco Corell aseguró que el 10% de las empresas de transporte que han desaparecido en España en los últimos años eran de la Comunidad Valenciana.

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) celebró el pasado 26 de marzo su asamblea electoral, en la cual Francisco Corell fue elegido, de nuevo, y “por aclamación”, como presidente de este colectivo para los próximos cuatro años.

En su discurso ante la asamblea Corell destacó que la crisis económica ha supuesto, en España, la desaparición de 24.000 empresas de transporte, 74.000 vehículos y 90.000 puestos de trabajo en el sector, de los cuales el 10% se han producido en la Comunidad Valenciana. Además, informó, se ha producido un envejecimiento del parque móvil. Si en 2007 la edad media de las cabezas tractoras era de 4,7 años, en 2014 se ha elevado a 7,4 años, informaron fuentes de FVET.

En cuanto al proyecto que pretende modificar los pesos y dimensiones de los vehículos (que elevarían de 40 a 44 toneladas la masa máxima admisible y de 4 a 4,5 metros la altura, el presidente de FVET anunció que no existen novedades pese a la presión que ejercen los cargadores. “Los empresarios del sector se verían seriamente afectados si finalmente el Gobierno decide aprobar esta modificación de pesos y dimensiones, ya que obligaría a adaptar, e incluso a inhabilitar, vehículos que se ajustan a la normativa ahora en vigor”.

Por último, Corell demandó a las autoridades la habilitación de vías específicas para la circulación de camiones “en las fechas críticas en las que actualmente está prohibida y evitar, de este modo, el negativo impacto en la productividad del sector”.

Los empresarios del transporte y la logística integrados en FVET fueron informados de los pormenores de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró ilegal el impuesto a las ventas minoritas de determinados hidrocarburos, el denominado “céntimo sanitario”, así como del procedimiento arbitrado por la Agencia Tributaria para solicitar la devolución del gravamen cobrado ilegalmente. La FVET estima que este impuesto ha supuesto un sobrecoste para los empresarios valencianos del sector superior a los 200 millones euros.

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