El sobrecoste en la factura del gasóleo alcanza los 1.000 millones anuales para los transportistas

En octubre, con un precio del litro en barril de 0,43 euros, el precio del gasóleo en surtidor fue de 1,28 euros.
En octubre, con un precio del litro en barril de 0,43 euros, el precio del gasóleo en surtidor fue de 1,28 euros.

El sobrecoste que afrontan las 103.000 empresas de transporte de mercancías por carretera existentes en España debido a la falta de competencia real en el sector de los hidrocarburos alcanza los 1.000 millones de euros anuales, según un cálculo realizado por Fenadismer, que no ha tardado en reclamar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que aplique «sanciones ejemplarizantes contra las compañías petrolíferas en los expedientes de investigación que tramita dicho organismo por prácticas restrictivas de la competencia y de fijación de precios en la venta de carburantes en España».

Con los datos en la mano, en junio de 2008 el precio del litro en el barril de crudo Brent se situaba en 0,53 euros, lo que se traducía en un precio por litro en surtidor de 1,29 euros. El pasado mes de octubre, con un precio del litro en barril de 0,43 euros, el precio del gasóleo en surtidor fue de 1,28 euros, lo que lleva a denunciar a Fenadismer que «se ha dejado de trasladar nueve céntimos de bajada en el precio de venta al público del gasóleo en las estaciones de servicio». Si se relacionan estos nueve céntimos con los más de 10,5 millones de litros de gasóleo A que consume al año el sector se obtienen los citados 1.000 millones.

Entre los más caro de Europa antes de impuestos

Por otro lado, el hecho de que España sea el séptimo país de Europa con el precio del gasóleo más elevado antes de impuestos representa, para esta organización de transportistas, otra prueba irrefutable de la inexistencia de competencia real. En Francia, por ejemplo, es siete céntimos más barato.

La denuncia de la situación por parte de Fenadismer va más allá al concretar que la imposición de la multa a las petroleras debería ser la correspondiente a una infracción muy grave, lo que supondría un 10% del volumen de negocios de las empresas infractoras, que están incluídas en un expediente abierto en julio de 2013 que actualmente se encuentran en fase de redacción de la propuesta de resolución.

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