El Defensor del Pueblo admite a trámite la denuncia sobre el fin de las bonificaciones a camiones en Cataluña

Fenadismer interpuso el escrito de queja y solicitud de amparo ante el Defensor del Pueblo «al haberse producido una clara situación de indefensión e inseguridad jurídica hacia los transportistas afectados.

El Defensor del Pueblo ha acordado admitir a trámite la denuncia interpuesta por Fenadismer en relación a la eliminación por parte de Abertis de las bonificaciones a los miles de transportistas que continúan transitando por las autopistas  de peaje AP-7 y AP-2. La citada institución entiende que la denuncia reúne «los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución”, esto es, de posible vulneración de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, y a tal fin ha procedido a iniciar actuaciones «con la Secretaría General de Infraestructuras y con Abertis«, informan desde la organización que preside Julio Villaescusa.

Al mismo tiempo, Fenadismer anuncia que va a exigir al Ministerio de Transportes que, en el caso de que la concesionaria no revierta con carácter inmediato la decisión de suprimir con carácter retroactivo las bonificaciones a los camiones que circulan por dichas autopistas, proceda a tramitar un expediente sancionador contra la empresa por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, al darse el supuesto en el presente caso del incumplimiento de «cobro al usuario de cantidades superiores a las legalmente autorizadas», según recoge la vigente legislación española sobre explotación de autopistas en régimen de concesión, relatan.

Fenadismer interpuso el escrito de queja y solicitud de amparo ante el Defensor del Pueblo «al haberse producido una clara situación de indefensión e inseguridad jurídica hacia los transportistas afectados y una manifiesta vulneración de la legalidad vigente, al haberse eliminado las bonificaciones de forma unilateral en base a una presunta resolución de levantamiento de las restricciones a la circulación de camiones en las carreteras catalanas, que nunca existió ni llegó a publicarse oficialmente, contrariamente a lo que trató de argumentar la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio de Transportes como fundamento para que de forma unilateral, y sin respaldo administrativo alguno, la concesionaria de la autopista suprimiera los descuentos a los transportistas».

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