El cabotaje ilegal dará lugar a multas tanto al transportista como al cargador

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A partir de 2017 las sanciones por realizar cabotaje ilegal afectarán tanto a la empresa que realice el servicio (4.001 euros) como a la empresa que haya contratado dicho servicio (2.001 euros).

Fomento ha dado ya a conocer sus planes para el próximo año en relación con el plan de inspección para el sector del transporte por carretera, dentro de cual destaca la intensificación de los controles sobre la competencia desleal y dumping social de las empresas deslocalizadas en otros países.

De hecho, a partir de 2017 las sanciones por realizar servicios de cabotaje ilegal afectarán tanto a la empresa que realice el servicio (4.001 euros) como a la empresa que haya contratado dicho servicio (2.001 euros), con lo que se anuncia un mayor control sobre las empresas cargadoras. En este sentido, para la organización de transportistas Fetransa «ha llegado el momento de poner en práctica lo que se plasma en papel, siendo uno de los principales objetivos atajar el fenómeno de la deslocalización de grandes empresas de transporte hacia países de la UE con menores costes de explotación (empresas buzón)».

Asimismo, otro de los focos de los órganos de inspección será la actividad de transporte público de mercancías que se desarrolle sin la debida autorización, «como está sucediendo actualmente con algunos tractores agrícolas y con vehículos con autorización de transporte privado complementario, que en no pocas ocasiones no utilizan dichos vehículos para transportar sus propias mercancías, sino otras que son encargadas por terceros (servicio público)», denuncian desde Fetransa.

Más en detalle, las actuaciones de control incluidas en el plan de inspección previsto para el próximo año afectan al control anual de los tiempos de conducción y descanso sobre la flota de 417.542 vehículos de transporte que en la actualidad están obligados a llevar tacógrafo. Dado que la Directiva europea 2006/22 impone a los Estados miembros la obligación de controlar al menos el 3% de las jornadas de trabajo, en el caso de las autoridades de inspección españolas deberán revisar al menos 2.818.409 jornadas de trabajo de los conductores profesionales, de las que la mitad se deberán controlar en la sede de las empresas y la otra mitad en carretera.

Uso fraudulento del certificado de actividades

Además, enumeran desde Fenadismer, se hará un especial control sobre el posible uso fraudulento que se está llevando a cabo en la utilización del certificado de actividades por parte de algunas empresas transportistas, al tiempo que se intensificarán los controles de las posibles manipulaciones en el tacógrafo o del limitador de velocidad en carretera.

En el caso del tacógrafo, las principales manipulaciones que son detectadas corresponden a pequeños recorridos con velocidades muy cortas, por lo que se hará un mayor control en zonas como polígonos industriales y áreas metropolitanas de alto desarrollo industrial, entre otros. Conforme a la última reforma de la Ley de Seguridad Vial, dichas conductas infractoras no sólo son imputadas a la empresa transportista sino también al conductor que va a bordo del vehículo, sancionándose con multa de hasta 500 euros.

Por otro lado, con objeto de aumentar la eficacia inspectora de los posibles excesos de peso, se llevarán a cabo dos controles de larga duración con la participación de la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas. También se intensificará el control del transporte realizado por vehículos de menos de 3’5 toneladas procedentes de terceros países, «al detectarse un aumento considerable de irregularidades en este tipo de vehículos», explican desde la organización que preside Julio Villaescusa.

No quedará fuera del ámbito inspector de la Administración la inspección de los cursos de formación CAP, sobre todo en los de formación continua ante las posibles irregularidades que se están dando.

 

 

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