Crece el malestar en el transporte por el discurso «criminalizador» del Gobierno ante los desvíos de camiones a los peajes

Fue en diciembre de 2017 cuando se estableció la prohibición permanente de circulación de camiones en las carreteras nacionales N-232 y N-124 y su desvío obligatorio a la autopista de peaje AP-68.

La aprobación por parte del Gobierno de un nuevo Real Decreto por el que se reestablecen legalmente las bonificaciones por los desvíos obligatorios de los camiones a la autopista de peaje AP-68 en La Rioja ha generado un sonoro malestar en el sector del transporte, no por las bonificaciones contenidas en el Real Decreto, sino por el argumento utilizado por el Gobierno para defender las “bondades” de los desvíos obligatorios de los camiones a las autopistas de peaje y la consecuente prohibición de circulación por las carreteras nacionales que discurren paralelas a dichas vías, denuncian desde Fenadismer.

«Si bien el anterior Decreto se fundamentaba en la reducción de la congestión y del ruido, ahora, sin ningún tipo de ‘pudor’, basan la restricción a los camiones en la siniestralidad que han venido generando en la carretera nacional», critican, para insistir en que el nuevo Decreto defiende la medida en los resultados sobre reducción de siniestralidad obtenidos en el año de vigencia de la restricción establecida, pero no en la siniestralidad realmente producida, que «sorprendentemente no se cita», apuntan desde Fenadismer, «sino en la menor siniestralidad que han tenido los propios camiones en la carretera nacional, llegando a señalarse expresamente en el Decreto como un éxito destacable que, como consecuencia de la restricción aprobada por la DGT «se ha invertido la tendencia creciente en la mortalidad registrada, especialmente la derivada de accidentes con vehículos pesados que se ha reducido a cero», indica el texto legal, «lo que resulta una absoluta obviedad al tener prohibida su circulación por dicha carretera nacional«, recuerdan desde la organización que preside Julio Villaescusa.

Así las cosas, desde este colectivo de transportistas rechazan ese discurso «criminalizador” hacia el sector del transporte por carretera, al pretender atribuir al colectivo de los transportistas ser los principales responsables de la siniestralidad en las carreteras, «lo que es absolutamente incierto e injusto conforme a lo que reflejan las estadísticas sobre accidentalidad que anualmente publica la Dirección General de Tráfico, que ponen de relieve que los conductores profesionales ostentan los menores índices de siniestralidad en relación con los restantes usuarios de las carreteras».

En cuanto a las bonificaciones, se aplican a los camiones afectados por la restricción, que son los de cuatro o más ejes, y siempre que se pague con un sistema de telepeaje Via T o similar. Suponen una reducción del 75% del importe del peaje en determinados tramos y del 71% en otros, con una reducción del 100% en el tramo de la autopista AP-15 entre el enlace de la AP-68 y la AP-15.

Fue en diciembre de 2017 cuando se estableció la prohibición permanente de circulación de camiones en las carreteras nacionales N-232 y N-124 y su desvío obligatorio a la autopista de peaje AP-68, en concreto, más de 150 kilómetros de carreteras a su paso por la Comunidades Autónomas de la Rioja y parte del País Vasco y Navarra. Esta resolución fue declarada nula a finales del pasado año por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como consecuencia del recurso planteado en su día por el Comité Nacional de Transporte por Carretera, al considerar que la misma carecía de fundamentación jurídica ni venía acompañada de informes o datos estadísticos sobre congestión de tráfico o seguridad vial que avalaran tal medida.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido mantener un año más la prohibición de circulación de los camiones por la N-232 y su consiguiente desvío obligatorio a la autopista AP-68 para este año 2020, incluyéndose en la Resolución anual de restricciones a la circulación para camiones que la DGT publicó en el BOE el pasado martes 22.

 

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