La intención del nuevo Gobierno de eliminar el peaje de las autopistas según vaya cumpliendo su periodo de concesión continúa generando reacciones. En esta ocasión ha sido UGT al alertar de que la medida para revertir la titularidad y gestión de las autopistas al Estado puede suponer la desaparición de más de 1.300 empleos directos, con lo que la situación entre los trabajadores de autopistas es ya de preocupación tras la de decisión del Ministerio de Fomento.

La noticia afecta en primera instancia a la autopista AP‐1 que une Burgos y Armiñón, que ocupa de forma directa a 121 trabajadores, y que tiene prevista la finalización de la concesión el próximo 30 de noviembre. «Se trata de una vía que soporta un ingente tráfico proveniente del país vecino (más del 30%), y respecto de la cual se vaticina un progresivo deterioro y colapso de no mediar la ampliación a tres carriles», explican desde el sindicato.

Le seguirán la AP‐7 y AP‐4, en diciembre de 2019, que discurren entre Alicante y Tarragona, y entre Sevilla y Cádiz, respectivamente, que ocupan en la actualidad a más de 300 trabajadores. La medida, insisten desde UGT puede suponer la desaparición de hasta 1.300 empleos directos antes de finalizar el 2021, contabilizándose la AP‐7, a su paso por Cataluña, la AP‐2 y la C‐32.

Para la central sindical, en el ámbito laboral se abren muchos interrogantes respecto al alcance de la medida anunciada que tienen que ver con el mantenimiento y conservación de las infraestructuras, la continuidad del modelo concesional en España como fórmula de participación público‐privada, la seguridad vial o la implantación de la denominada Euroviñeta.