La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido durante su participación en el acto de celebración del 25 aniversario de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) que el transporte de mercancías por carretera necesita soluciones tecnológicas intermedias en su proceso de reducción de emisiones. “No se me ocurre una descarbonización del transporte por carretera sin pasar por el gas”, ha afirmado Ribera.

Esta afirmación entra en contradicción con la redacción del Anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que establece la prohibición de subvencionar los vehículos propulsados por combustibles fósiles. En este sentido, Ribera ha reconocido que “no es descartable que haya que repensar la propuesta” para mantener apoyos a los combustibles fósiles en ciertos sectores, entre los que ha citado el transporte pesado.

No es la única rectificación que la titular de Transición Ecológica se ha hecho a sí misma. De hecho, la ministra -bajo la atenta mirada del lobby petrolero- ha querido quitar importancia a la redacción del Anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que la ministra ha rebajado a la categoría de “documento de trabajo compartido con los grupos parlamentarios” con un texto que “no se pretendía que fuera definitivo”.

Tras reiterar que el objetivo es lograr cero emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 2050, Teresa Ribera ha matizado que “donde existen soluciones técnicas que favorezcan la reducción de emisiones, la misión de este Gobierno es acompañarlas”. Y ha sido en ese punto cuando ha reconocido que “las soluciones intermedias son obvias”, especialmente en determinados sectores, como el transporte. “No se me ocurre descarbonización del transporte por carretera sin pasar por el gas, con las subvenciones pertinentes”, ha asegurado.

La ministra ha propuesto a los responsables de la patronal de las petroleras constituir una “agenda de trabajo compartida a lo largo del tiempo”, en la que “los hitos intermedios son fundamentales”. Por eso, Ribera ha propuesto a AOP “ponernos de acuerdo en dónde debemos estar en 2040 y 2050 y trabajar juntos para perfilar las sendas que nos tienen que llevar hasta ese objetivo”.

“Golpe a la economía española”
Los representantes de la industria petrolera se han mostrado especialmente críticos con el anteproyecto filtrado por el Gobierno, que ha sido calificado por el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, como “un golpe a la línea de flotación de la economía española. De las ocho empresas más exportadoras de España, siete están directamente afectadas por el anteproyecto”, ha recordado Imaz.

El máximo responsable de Repsol ha asegurado que la industria petrolera “va a seguir invirtiendo en tecnología e I+D”, aunque pide que ese esfuerzo se produzca en un escenario marcado por “el principio de neutralidad tecnológica. Necesitamos un poco de humildad porque nadie sabe qué tecnología va a triunfar”, por lo que Imaz pide que “nadie diga por qué tecnología hay que apostar”.

Por su parte, el presidente de AOP y también de BP España, Luis Aires, ha reconocido que “el Gobierno tiene derecho” a modificar los impuestos que gravan el diésel y la gasolina, “pero si lo hace ha de explicar por qué lo hace y cuáles son las consecuencias”. Y es que en su opinión “se lanzan mensajes políticos como si fuesen tuits. Son mensajes muy cortos, pero más cortos aún en su profundidad”, ha criticado Aires.

Por eso la industria pide un debate en profundidad acerca del mix energético necesario para descarbonizar la economía en 2050. “Un regulador debe tener humildad y escuchar a la sociedad y a la industria”, ha afirmado Imaz, quien ha pedido al Gobierno “sentarnos y dialogar. Y si hay que cambiar la propuesta inicial se cambia. Ser humilde no le hace a uno más débil, sino más fuerte”, ha opinado, tras criticar que el planteamiento inicial del Gobierno con su anteproyecto de Ley es “pretencioso” porque “intentar saber cómo va a ser el mundo dentro de 15 años”.