Ya está sobre la mesa. Ya no se trata de la enésima amenaza ante la insostenible situación que sufre el sector. Ya ha sido comunicado oficialmente al Gobierno a través del Ministerio de Transportes. Y es que, si el Gobierno antes no lo remedia, el transporte de mercancías por carretera llevará a cabo un paro patronal los días 27 y 28 de julio.

La gota que ha colmado el vaso, no hay duda alguna, tiene que ver con la aprobación de la modificación de la normativa de pesos y dimensiones, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha incluido en el Plan de impulso de la industria de automoción. Ni el fondo, la luz verde tanto a las 44 toneladas como a los 4,5 metros de altura sin ningún tipo de contrapartida, ni la forma, completamente sorpresiva para el transporte, que no vio venir la decisión del Gobierno, son en absoluto asumibles para el conjunto del transporte español de mercancías por carretera.

Ciertamente, no es de recibo que a lo largo de los últimos años desde el ministerio del ramo se haya apostado, una y otra vez, por el consenso y la negociación entre transportistas y cargadores para que, de repente, los transportistas se encuentren con la medida aprobada e incluso con fecha concreta de puesta en marcha, por mucho que ahora se matice que será de aplicación únicamente al transporte del segmento de automoción.

Y más doloroso resulta todo si cabe si se tiene en cuenta que el Plan del Gobierno que confirma el impulso a la “mejora de la eficiencia del transporte mediante la utilización de camiones de 4,5 metros de altura y 44 toneladas, tipología que supone mayor carga por viaje, reduciendo además las emisiones contaminantes y de CO2”, fue presentado solamente 11 días después (conviene repetir el dato, 11 días  después) de que el Comité Nacional se reuniera, tras muchas semanas de espera, con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien no avanzó absolutamente nada a sus interlocutores sobre las verdaderas intenciones de su departamento acerca de las polémicas medidas.

Así las cosas, tenemos ahora por delante algunas semanas para intentar despejar dos incógnitas fundamentales. La primera es hasta dónde está dispuesto el Gobierno a aguantar el pulso de un sector capaz, si se lo propone con toda su capacidad de movilización, de defender sus planteamientos con dureza y con efectos serios sobre la actividad económica, y más ahora que toda la sociedad tiene claro de una vez por todas lo imprescindible de su papel. Si la condición indispensable para el transporte es la retirada de las 44 t y los 4,5 m (más allá de otras cuestiones relevantes a las que de momento se ha hecho caso omiso), una petición expresa de la industria de automoción, la cual el Gobierno parece querer proteger como una de las joyas de la corona, será muy complicado evitar el paro sectorial.

La otra incógnita tiene que ver con la verdadera capacidad movilizadora del Comité Nacional y con su facultad para testar el auténtico respaldo a la movilización por parte de los empresarios de transporte, muchos ellos no vinculados a ninguna asociación sectorial. Ahora bien, frente al paro que tuvo lugar en junio de 2008 la unidad de acción en el momento actual entre los representantes del transporte es infinitamente superior.