Astic ha hecho público un comunicado en el que denuncia que “las jornadas de cortes de los pasos fronterizos de La Junquera y Le Perthus, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el pròces, han causado un daño económico para el sector del transporte de más de 100 millones de euros”.

La asociación de transporte internacional achaca ese quebranto económico a “la pérdida de facturación y de cargas, la rotura de rutas logísticas y el daño comercial con los clientes”. En este sentido, el director general de Astic, Ramón Valdivia, ha asegurado que “además del incalculable daño directo a nuestros conductores retenidos contra su voluntad, hay que señalar que el perjuicio a las empresas de transporte tiene un efecto multiplicador en el resto de sectores productivos que han resultado afectados, con una estimación de más de 500 millones de euros en total de pérdidas”.

Los responsables de la organización empresarial critican además duramente “la falta de prevención y la inacción de las autoridades españolas en este, por ahora, último episodio de corte fronterizo”. En previsión de que los incidentes se repitan, Astic ha vuelto a poner sobre la mesa su “perenne reclamación de la apertura de una tercera vía de paso fronterizo a Francia, la Central de los Pirineos en Huesca”.

“Inacción del Gobierno”
“Es lamentable la inacción del Gobierno español. Mientras el Ministro de Fomento comentaba ante la prensa los resultados electorales de su partido, miles de profesionales del transporte permanecían retenidos durante horas y horas en la principal vía de comunicación rodada con la Unión Europea. Parece que los saboteadores tienen más claro que nuestros propios dirigentes políticos la importancia estratégica del transporte por carretera”, ha sostenido Ramón Valdivia.

Tanto CETM como Fenadismer han denunciado también la falta de voluntad política, la pasividad e incluso la connivencia de las diferentes administraciones implicadas en dar respuesta a esta grave problemática. Desde la confederación han denunciado reiteradamente la “pasividad mostrada una vez más por parte de todas las autoridades que han permitido que la AP-7, vía principal de conexión entre España y Francia por carretera haya estado cerrada al tráfico en ambos sentidos» durante 30 horas.

Bloqueo evitable
En esta organización no tienen duda alguna de que “el bloqueo de esta carretera era absolutamente evitable, puesto que había sido anunciado con anterioridad por sus organizadores a través de las redes sociales, lo que pone de manifiesto la falta de voluntad política para evitarlo”.

Después de horas de interrupción de la circulación los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado aún no habían tomado medidas encaminadas a solucionar un conflicto que mantiene a “miles de transportistas secuestrados, sin poder ejercer su derecho a la libre circulación y sin posibilidad de cubrir sus necesidades básicas de alimentación e higiene”.

«Hazmerreír de Europa»
“Mientras tanto, los CDR reparten bocadillos, beben y bailan al son de la música, disfrutando de la completa falta de respuesta por parte de aquellos que tienen encomendado el cumplimiento de la Ley y el respeto del orden establecido, lo que nos está convirtiendo en el hazmerreír de Europa”, claman estupefactos desde esta patronal

“No es admisible que la resaca electoral y los intereses políticos primen para tomar decisiones que perjudican al conjunto de la economía y la sociedad españolas. El Gobierno francés ya ha advertido de que no permitirá ni desmanes ni bloqueos en su frontera y que empleará para ello las medidas necesarias. ¿Por qué aquí no? ¿Para qué sirve un Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que no es capaz de poner en marcha medidas conjuntas con el Gobierno francés que permitan la libre circulación transfronteriza entre ambos países? ¿En qué somos diferentes, máxime cuando se trata de defender nuestra depauperada economía, cuyo principal motor es el transporte?”

“Connivencia” de la Generalitat
Desde Fenadismer, por su parte, dirigen sus críticas hacia el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, al que acusan de “pasividad y connivencia” al permitir nuevos bloqueos en la AP 7, situación que “resulta sorprendente teniendo en cuenta que desde ya hace varios días se venía anunciando dicha movilización en las redes sociales, bajo el título “Tothom a la Frontera” ( Todos a la Frontera), planteando un bloqueo indefinido en la AP-7.

A los gravísimos perjuicios económicos que tales bloqueos ocasiona a la economía en general y a la del sector del transporte en particular (cada hora que un camión permanece inmovilizado le supone un coste aproximado de 55 euros según cálculos de la Unión Europea), cabe añadir los perjuicios personales que ocasiona a los conductores que quedan atrapados en el interior de sus vehículos, al no poder atender sus necesidades básicas tanto de alimentación como de higiene.

Para Astic, “la inactividad forzada del transporte de mercancías por carretera, sector estratégico y vertebrador de la economía nacional, conllevará un grave impacto en el flujo las exportaciones e importaciones españolas (pues dos tercios de ellas circulan por la frontera de Gerona, que utiliza una media de más de 15.000 vehículos pesados al día)”.

Pérdidas de 25 millones al día
Y es que, “además de dañar a la propia actividad económica de Cataluña y el resto de España, sólo por pérdidas directas de facturación de las empresas de transporte, pérdidas de determinada parte de las cargas -especialmente las perecederas-”, los cortes del tráfico en el paso fronterizo gerundés provocan “alteraciones de los flujos logísticos y sus consecuencias en la producción y distribución, que pueden superar los 25 millones de euros diarios en pérdidas, afectando a la economía catalana y del resto de España”.

Por eso, el presidente de la asociación, Marcos Basante, ha hecho hincapié en que “por esa frontera pasan nuestros afiliados todos los días, hacia el norte y hacia el sur, para llevar las mercancías a innumerables destinos y contribuir así al crecimiento económico del país. Es competencia de los Estados español y francés garantizar que este tipo de ataques no alcancen sus fines y garantizar la libre circulación de personas y mercancías”.