Los peajes guipuzcoanos recaudan en menos de cuatro meses la mitad de lo previsto para todo el año

La Diputación Foral de Guipúzcoa continúa cobrando los peajes a pesar de que han sido declarados ilegales por el TSJPV.

Los peajes que la Diputación Foral de Guipúzcoa implantó en la N-I y en la A-15 a principios de año han recaudado entre el 9 enero y el pasado 30 de abril 4.069.746 euros, una cantidad que representa aproximadamente la mitad del total que la Administración provincial tenía previsto ingresar gracias al canon a lo largo de todo 2018.

En ese periodo de menos de cuatro meses, un total de 1.711.944 camiones han pasado bajo los arcos de peaje que Bidegi instaló en diversos puntos de la N-I y la A-15, lo que arroja una media de más de 15.400 vehículos diarios transitando por las vías en las que se aplica el nuevo gravamen a los vehículos pesados.

A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco fallara el pasado 9 de abril que el peaje para camiones es contrario a la ley y ordenara su anulación, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha continuado cobrándolo y ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tal y como explican desde Fenadismer.

En cualquier caso, desde la federación de transportistas recuerdan que el mencionado recurso de casación -que también ha sido planteado por las Juntas Generales forales- “no supone una apelación en segunda instancia, sino que deberá justificarse el ‘interés casacional objetivo’ para que el recurso sea admisible.

En este sentido, desde la organización que preside Julio Villaescusa aseguran que “la sentencia está lo suficientemente motivada y fundamentada en la normativa europea sobre tarificación de las carreteras”, por lo que “no suscita problema interpretativo alguno que revista interés general para motivar su conocimiento por el Tribunal Supremo”.

Ante la negativa de la Diputación de Guipúzcoa de suspender provisionalmente la aplicación del peaje declarado nulo por el TSJ del País Vasco, “las asociaciones nacionales de transportistas estudiarán la posible solicitud de ejecución provisional del fallo judicial en el caso de que sea admitido a trámite el recurso de casación, tal y como establece la vigente legislación contencioso-administrativa”, sostienen desde Fenadismer.

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