Coordinadora, UGT, CCOO, CIG y CGT han convocado varias jornadas de huelga en la estiba porturaria entre el 20 y el 24 de febrero como medida de protesta por la «incidencia abrupta del Ministerio de Fomento en el proceso de negociación -y la falta de ratificación- del acuerdo sobre la reforma legal de la estiba de 24 de enero de 2017, suscrito entre los sindicatos convocantes y la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco).

La huelga tendrá lugar durante las horas impares (es decir: de 9 a 10; de 11 a 12; de 13 a 14; de 15 a 16; de 17 a 18; de 19 a 20; de 21 a 22; de 23 a 24; de 01 a 02; de 03 a 04; de 05 a 06 y de 07 a 08 horas) entre las 8 de la mañana del 20 y el 21, entre el 22 y el 23 y entre el 24 y el 25.

El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2014, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una sentencia que obligaba al reino de España a «modificar la legislación portuaria que regula la prestación del servicio de manipulación de mercancías en los puertos españoles«, tal y como recuerdan desde UGT.

Desde el sindicato explican que «conscientes de que la ejecución de la sentencia es una responsabilidad y una competencia exclusiva del legislador y en respuesta a la audiencia que el Gobierno promovió, la representación patronal y la representación social desarrollamos un proceso de negociación que concluyó con la presentación de un documento denominado Bases para la elaboración de una propuesta común para la reforma legal del régimen de la estiba en España de 23 de julio de 2015, que fue presentado al Gobierno al día siguiente.

Sin embargo, el plazo de más de 10 meses durante los que el Gobierno estuvo en funciones el pasado año «no ha permitido la realización de las modificaciones legales requeridas, dando lugar al acuerdo de la Comisión Europea de instar ante el TJUE la ejecución de la sentencia y profundizando una grave inseguridad jurídica que perjudica al conjunto de la economía nacional, a todo el sector marítimo-portuario y, más en particular, a las empresas estibadoras y a los estibadores portuarios«, aseguran desde UGT.

Negociación colectiva
Sea como fuere, además de la reforma legal paralizada en 2016 por la falta de Gobierno, patronal y sindicatos consideraron oportuno «iniciar un proceso de negociación colectiva que estableciera la estructura y el contenido básico de futuro Marco Convencional Sectorial (convenio marco estatal y convenios locales), para garantizar el cumplimento efectivo de la sentencia del TJUE y la coherencia en la implantación del nuevo modelo de gestión».

Paralelamente, y siempre según UGT, Fomento comunicó a los sindicatos que como consecuencia del tiempo transcurrido desde que se dictara la sentencia (diciembre de 2014), y con el objetivo de evitar la imposición de sanciones a España, el Gobierno «había decidido acatar las instrucciones de la Comisión Europea respecto al marco normativo de la estiba en nuestro país y procedería a la tramitación urgente de un Real Decreto-Ley, cuyo texto no podía facilitar, y sobre el que se informaría verbalmente«.

En opinión de UGT, la irrupción de Fomento no pretendía otra cosa que «abortar el desarrollo de la concertación social y el modo de legislación negociada que había culminado con el preacuerdo (cuya aprobación estaba prevista para el día 7 de febrero) que desarrolla las bases de la modificación legislativa».

Propuesta de Fomento
Además, el nuevo modelo impuesto por el Gobierno -según la información verbal facilitada por el Ministerio- configura un marco legal para la estiba portuaria caracterizado por «los contratos indefinidos de la totalidad de estibadores portuarios se convierten en puestos de trabajo precarios pendientes de contratación por las empresas estibadoras».

Estas compañías «dispondrían de un periodo de tres años durante el que estarán obligadas a seguir contratado al 75, 50 y 25%, respectivamente durante el primer, segundo y tercer año, de los estibadores portuarios de las SAGEP (Sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios)». Es decir, «podrán sustituir, libremente, a un 25, 50 y 75% durante los tres próximos años a los actuales trabajadores portuarios», destacan desde UGT.

En opinión del sindicato, la alternativa de Fomento «supone un despido generalizado y la apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre de todo el personal de la estiba portuaria», circunstancia que «en modo alguno se deriva de una exigencia de la sentencia del TJUE», sino que constituye «una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral, al amparo de argumentos mezquinos sobre supuestas condiciones de privilegio laboral que, en realidad, solo tiene el propósito y la finalidad de incrementar la riqueza de los operadores portuarios y, en modo alguno, beneficiar a los consumidores españoles».

134.000 euros de multa al día
La opinión del Ministerio de Fomento es radicalmente distinta. En una nota de prensa el gabinete que dirige Íñigo de la Serna asegura que lleva dos años «dialogando y negociando» con los estibadores y que ha trasladado a la Comisión Europea todas las alternativas planteadas por el sector español de la estiba, entre las que destaca «la creación de un registro nacional de trabajadores«, propuesta que fue rechazada por el Ejecutivo comunitario.

Fomento asegura que su alternativa para dar cumplimiento a la sentencia europea «se ha flexibilizado al máximo a favor de los trabajadores. El objetivo no es otro que garantizar sus derechos«, sostienen desde el Ministerio, cuyos responsables advierten además de que el hecho de que la Justicia europea se pronuncie una segunda vez sobre este asunto, lo que «se producirá en fechas próximas, supondrá para España 134.000 euros cada día por incumplir la sentencia«.

Los cargadores se oponen a la huelga
Por su parte, la asociación que reúne a buena parte de los cargadores de los puertos españoles, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española -que agrupa a las patronales petrolera, química, siderúrgica, alimentaria, de automoción y de la construcción– afirma que esta huelga «no contribuye» a lograr «un objetivo fundamental» para la economía española, como es su apertura hacia los mercados exteriores.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha hecho público un comunicado en el que expresa la necesidad de «seguir trabajando para que el transporte marítimo logre unos costes y una flexibilidad con altos grados de competitividad«, circunstancia que, aseguran, no se produce en el sector de la estiba, cuyos costes son «importantes» y mejorarán «con la apertura a la competencia» de esta actividad.