La Dirección General de la Guardia Civil ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Comité Nacional de Transporte Carretera (CNTC) contra los responsables de los bloqueos que se produjeron en octubre y noviembre en diversas carreteras catalanas como consecuencia de las protestas que tuvieron lugar por la denominada sentencia del procés.

Según informan desde Fenadismer, el instituto armado iniciará “en breve” la instrucción de la mencionada denuncia basándose en “la información aportada por los denunciantes sobre los daños y perjuicios ocasionados a las empresas transportistas”.

La denuncia interpuesta por el Comité Nacional de Transporte por Carretera subraya “las consecuencias tan negativas que se ocasionaron tanto a la actividad de las empresas transportistas como al resto de actividades económicas por los sucesivos cortes indiscriminados que se llevaron a cabo en la autopista AP-7 en diferentes puntos de la vía, especialmente en la frontera de La Junquera, por la que transitan diariamente más de 20.000 camiones en ambos sentidos”, recuerdan desde Fenadismer.

El escrito relata asimismo “los días y duración de cada uno de los cortes practicados en dicha vía”. En concreto, según recuerdan desde la federación que preside Julio Villaescusa, la AP-7 llegó a estar bloqueada “diez días”, con unos cortes de la circulación que en algunos casos fueron superiores a “30 horas”. Y todo ello en una infraestructura que “vertebra toda la comunidad autónoma y es la conexión principal con el resto de la Unión Europea”.

Durante los bloqueos, las asociaciones que integran el Comité Nacional de Transporte por Carretera exigieron “tanto al Gobierno central como especialmente al de Cataluña, por ostentar las competencias de tráfico y circulación en la red viaria catalana, que se garantizara la libre circulación por dicha vía”.

Sin embargo, las peticiones de los transportistas cayeron en saco roto, puesto que “lejos de intervenir para evitar dichos cortes en las carreteras, que es de suponer que no contarían con las correspondientes autorizaciones preceptivas de manifestación, las autoridades competentes mostraron una actitud pasiva, lo que resulta sorprendente teniendo en cuenta que en muchos casos con varios días de antelación se venían anunciando dichas movilizaciones en las redes sociales, lo que hubiera permitido impedirlas o al menos minimizar su impacto”.