Frente a la reclamación, ya recurrente, de la Administración, e incluso de otros actores como sindicatos o cargadores, para que el sector asociativo español del transporte de mercancías por carretera avance hacia una mayor integración en su estrategia de defensa del sector, la celebración del V Congreso de Atfrie sirvió para evidenciar que existen aspectos en los que no parece fácil alcanzar una posición común.

Y entre ellos figura la posibilidad de configurar un convenio único sectorial, tal y como ha quedado de manifiesto este 20 de septiembre en El Puig (Valencia), donde destacados representantes del mundo empresarial y sindical mantenían un animado debate que evidenciaba la diferencia de visiones sobre la necesidad de sustituir el actual modelo de convenios provinciales por un convenio de alcance nacional.

Así, Pedro Conejero, consejero asesor de Transportes Caudete y miembro destacado de Atfrie, criticaba el hecho de que dentro de España haya diferencias de hasta 15.000 euros anuales en el coste de los conductores para una empresa en función de la provincia. «¿De qué nos quejamos de las empresas del buzón si tenemos el fenómeno en nuestro propio territorio?» clamaba Conejero para atacar la permanencia de convenios provinciales cuando la actividad no tiene nada que ver con el ámbito provincial.

Mientras tanto, Diego Buenestado, secretario general sectorial federal de Transportes de UGT, defendió en el mismo sentido que «lo de los 52 convenios provinciales es una barbaridad, estamos a favor de convenios estatales para todo el transporte con especificidades para cada tipo de transporte» para aludir también a la falta de conductores en el sector y concluir que la causa es fundamentalmente salarial ya que hoy por hoy el salario de un mozo de almacén es similar al de un conductor profesional y el primero duerme en su casa todos los días.

Otro punto de vista bien distinto fue el expuesto por otro de los integrantes de la mesa redonda, Manuel Pérezcarro, secretario general de la patronal murciana Froet y también de CETM Frigoríficos, quien se preguntó «¿por qué ahora el problema son los 52 convenios que llevan conviviendo desde 1978?: una empresa de transporte se ubica donde está su cliente«. Y abundó en este tema cuando reconoció que sería bueno un convenio nacional para todo el sector, para matizar sin embargo que «no sería posible» y añadir que no es la competencia entre convenios provinciales la que provoca la situación actual de las empresas de transporte, marcada por la baja rentabilidad y la escasa capacidad de negociación frente a los cargadores.

«Teniendo en cuenta el tamaño medio de las empresas de transporte en España, la mayoría de ellas no saben ni lo que es el convenio: hacer que se cumpla un convenio colectivo es un sector tan atomizado como el nuestro es imposible, sea un convenio provincial o nacional», zanjaba Pérezcarro con contundencia, «por no hablar de la existencia de convenios de empresa», remataba. «Lo que hay aquí es un lío de tal naturaleza que no lo arregla un convenio único«, concluía.

Si bien Diego Buenestado, de UGT, reconocía que el convenio único «no es la solución» para defender que «es indispensable», también tomó la palabra entre los asistentes al Congreso Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer, para considerar que «el convenio único no es nuestro problema fundamental» y que no son fenómenos comparables en absoluto la problemática derivada de las empresas buzón, que es mucho más grave que las derivadas de la existencia de 52 convenios en lugar de uno estatal.

«Lo tenéis complicado»
Así de claro se lo dijo a los asistentes Rafael Catalá, exministro de Justicia y exsecretario de Estado de Transporte, que analizó el presente y futuro del transporte en una extensa y detallada ponencia donde destacó los retos y desafíos que afronta el sector, tanto por el incremento de la competitividad, la preocupación medioambiental o los cambios normativos («con toda seguridad en los próximos diez años va a haber nuevos reglamentos en materia de transporte», avanzaba).

Más en concreto, Rafael Catalá ha defendido la aplicación del pago por uso de las infraestructuras, para mostrar su confianza en la sabiduría de los fiscalistas a la hora de articular deducciones fiscales para las empresas de transporte que impidan que el pago por uso suponga un incremento de coste para estos operadores. Así se lo confesaba a Ramón Valdivia, presidente de Astic, que desde el público recordaba que la experiencia de otros países muestra que el único resultado del pago por uso es el incremento de la recaudación fiscal para la Administración y ha insistido en que el transporte ya paga por usar las infraestructuras a través de diferentes figuras como el impuesto de hidrocarburos.

No ha evitado tampoco Catalá, que confesaba que «no es razonable que el 92% del transporte de mercancías se haga por carretera», el espinoso asunto de las 44 toneladas: «Recomiendo al sector que haga una propuesta de diálogo y que lo haga con datos», planteaba, para hacer una llamada al abandono de posiciones maximalistas y recomendar a los presentes una mayor integración asociativa. «Hay que tener fuerza, pero hay que creérselo y ejercerlo, pero para eso hay que estar juntos», relataba el exministro de Justicia, no sin aconsejar «no quejarse demasiado y ejercer la fuerza con energía«.

Clausuraba el Congreso Mercedes Gómez, directora general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, que ha abogado por seguir avanzando hacia un fortalecimiento del sector, fijaba el 1 de octubre como probable fecha para la negociación en las instituciones europeas del nuevo Paquete de Movilidad y anunciaba la organización por parte del ministerio de una jornada informativa sobre el Brexit que tendrá lugar el próximo 4 de octubre.