La despoblación de las cabinas. Por Ramón Valdivia, director general de Astic

Los poderes públicos no tienen límite en “poner dinero” en digitalización y descarbonización, pero ¿se ha parado por un minuto alguno de ellos a pensar quién mueve los vehículos pesados y la grave despoblación de sus cabinas? Éste no es un problema local o nacional, sino estructural y mundial, y más que se agravará en tiempos de pandemia, ante la incertidumbre que está mellando nuestra vida de arriba a abajo.

En el próximo lustro, en España, el déficit de conductores profesionales alcanzará las 15.000 personas. Nos faltan dedos de las manos para contar las veces que hemos escuchado planes de inversión en infraestructuras viarias (más de ferrocarril que de carreteras, dicho sea de paso), muchas veces despilfarros sin sentido, y nos sobran para contabilizar los programas de ayuda para paliar esta acuciante falta de vocaciones, fundamental para que el sector del transporte de mercancías y pasajeros por carretera siga cumpliendo con su esencial función para el desarrollo económico del cualquier país: conectar los centros de producción con la demanda de la sociedad.

Tampoco debemos olvidarnos de la necesidad de 100.000 plazas de aparcamientos seguros, confortables y debidamente equipados para los camiones y quienes los conducen en toda Europa, como apuntaba IRU en uno de sus últimos informes. Algo que quedó bien patente durante las semanas más duras de la crisis del COVID-19, cuando nuestros conductores no tenían ni siquiera un lugar para hacer sus necesidades o tomarse un café. Este preocupante dato, sin duda, dificulta la labor de aquellos que se ponen al frente del volante todos los días para llevar bienes básicos a sus destinos: alimentos de primera necesidad, medicinas, componentes para otros sectores productivos, industrias, etc.

Desde el sector al que pertenezco somos los primeros en abogar por un transporte más digitalizado y respetuoso con el medio ambiente. Pero ¿para qué sirve ese obsceno billón de euros de la UE en el llamado Green Deal, de los que algunos pretenden que 28.000 millones sean para construir 40.000 puntos de recarga eléctrica para un inexistente e improbable parque de medio millón de camiones eléctricos? ¿Incluirá finalmente el Ministerio de Transportes en España en su flamantemente anunciada Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada (en el marco de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte) políticas activas de acceso a la profesión realmente eficientes para paliar esa carencia de vocaciones y partidas presupuestarias a la construcción de zonas de descanso seguras?

Si hubiera una clara disposición de las administraciones nacionales y europeas y políticas de apoyo al principal y más valioso activo del transporte por carretera, sus profesionales, otro gallo cantaría…

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