La Administración concursal de Transportes Souto detecta graves irregularidades en la gestión de la compañía

Transportes Souto cesó repentinamente su actividad el pasado febrero.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra ha emitido recientemente el Informe Provisional de la Administración concursal de Transportes Martínez Souto, en el que se expone “de forma detallada los datos y circunstancias expresadas por la empresa deudora, el estado de su contabilidad, la memoria de las principales decisiones y actuaciones concursales así como una exposición motivada acerca de la situación patrimonial de la empresa y de los datos relevantes para la ulterior tramitación del concurso”, afirman desde Fenadismer.

Según la federación de transportistas, el mencionado informe revela “la excesiva exposición de la empresa a inversiones inmobiliarias“. Y es que las rentas de los alquileres de algunas naves de Transportes Souto no pueden “considerarse importes ajustados a mercado”.

Continuando con su exposición al ladrillo, el informe pone de relieve el hecho de que la empresa gallega “haya invertido el dinero generado con su actividad principal (transporte de mercancías) no en la actividad que forma parte de su objeto social, sino en el sector inmobiliario”. A finales de 2014, la empresa registra contablemente un deterioro de sus activos inmobiliarios por un importe cercano a los seis millones de euros, lo que , según el juzgado, ocasiona “un importante quebranto” a la entidad.

El documento emitido por el órgano judicial pontevedrés pone el acento también sobre “un crédito a favor del socio y administrador, Jesús Martínez Souto, que alcanza los 13.776.131,16 euros”. Pese a haberlos solicitado, la Administración concursal no ha recibido documentos que justifiquen esta operación, por lo que en el informe se asegura no entender “el propósito de tal operación ni mucho menos el beneficio obtenido para la compañía”.

Asimismo, el documento pone de relieve “que en los últimos ejercicios han salido recursos de la compañía por importe próximo a los 20 millones de euros a favor de partes y entidades vinculadas con una muy remota posibilidad de retorno para Transportes Martínez Souto S.L., lo que a juicio de esta parte también puede haber influido notablemente en la causa del estado actual de insolvencia”.

Cese de la actividad “precipitado”
En lo que al cese de las operaciones se refiere, la Administración concursal manifiesta su sorpresa por la paralización “repentina y radical” de la actividad de la compañía que se llevó a cabo a mediados de febrero de 2018, que a su entender se realizó “de forma absolutamente precipitada, sin la planificación y coordinación que le correspondería a una empresa de esta dimensión”, teniendo en cuenta que la cifra de negocio de Transportes Souto en 2017 era superior a los 77 millones de euros.

Por eso, considera “incomprensible e injustificado” que la sociedad gallega no hubiese iniciado un expediente de regulación de empleo de la plantilla previo a la declaración de concurso “teniendo en cuenta que muchos de los trabajadores llevaban sin cobrar la paga extra de Navidad de 2017”. Tal falta de diligencia ha provocado que los trabajadores alargaran innecesariamente su relación laboral “incrementando de forma importante sus deudas salariales contra la masa”, teniendo en cuenta que la nómina mensual de la compañía superaba los 800.000 euros mensuales.

Comportamiento “inadmisible”
Éste es el motivo por el cual la Administración concursal considera “inadmisible” que una empresa con un volumen de negocio tan importante hubiera concedido permiso a todo el personal afecto a los departamentos administrativos, contables y financieros, a excepción de una única persona, lo que “no sólo supone una absoluta insuficiencia de medios materiales y humanos, sino que ha dificultado tanto conocer la situación contable y financiera de la compañía como la tramitación del procedimiento”.

Estos argumentos hacen que el administrador concursal realice un “juicio crítico sobre las cuentas anuales y los estados financieros” de la empresa. E incide especialmente en la falta de recursos de la compañía, así como en el estado general de la contabilidad, que se tradujo en “un abandono de sus obligaciones contables y fiscales”.

Así, el informese refiere al escaso control sobre los elementos de transporte (gabarras, camiones, carretillas y transpalets) “que no es propio de una empresa de esta dimensión”, o “el hecho de que sobre alguno de los camiones existían varias cargas hipotecarias (hasta cinco en algún caso) de deudas canceladas y pendientes del correspondiente alzamiento registral”, afirman desde Fenadismer.

“Una vez presentado el Informe Provisional y tras concluirse la fase común del concurso, se procederá a la apertura de la fase de liquidación en la que el Administrador concursal hará el informe definitivo y propondrá la calificación del concurso de acreedores”, sostienen desde la federación.

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