Revista
Los servicios de inspección del Ministerio de Fomento han remitido a las cooperativas de trabajo asociado que figuran en el registro de entidades que cuentan con autorización de transporte un escrito en el que les alerta de “la práctica irregular de facturación de servicios de transporte por parte de los socios trabajadores de las mismas que no son titulares de una autorización de transporte”.
En caso de incurrir en este comportamiento y ser detectado por los servicios de inspección, los socios trabajadores se verán sometidos a “la apertura de una infracción”, a la que también deberán hacer frente “quien contrate y abone dichas facturas”, tal y como explican desde la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (Froet).
Y es que el artículo 140.2 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), tipifica como una infracción muy grave “la contratación como porteador o la facturación en nombre propio de servicios de transporte de mercancías sin ser previamente titular de autorización de transporte o de operador de transporte”.
Además, la ley dice que “en todo caso, incurrirán en esta infracción quienes, aún siendo integrantes de una persona jurídica titular de una autorización de transporte o de operador de transporte, contraten o facturen en nombre propio la prestación de servicios de transporte a terceros o a la propia persona jurídica de la que formen parte sin ser ellos mismos, a su vez, titulares de tal autorización”.
Sanciones también para el cargador
Si las mencionadas facturas son abonadas por la propia cooperativa o por cualquier transportista u operador de transporte, “además de una sanción económica, dicha práctica puede acarrear la perdida de la honorabilidad y la retirada de la autorización de transporte”, subrayan desde el propio Ministerio en el escrito que están difundiendo sus servicios de inspección.
En este sentido, el artículo 140.7 de la LOTT prohíbe “la contratación de servicios de transporte por parte de transportistas, agencias de transporte, transitarios, almacenistas-distribuidores, operadores logísticos o cualquier otro profesional del transporte con transportistas u operadores de transporte no autorizados”.
Y continúa la ley recordando que “en todo caso, incurrirá en esta infracción la persona jurídica profesionalmente dedicada al transporte que contrate a alguna de las personas que la integran para que realice un servicio de transporte, o abone las facturas que éstas le expidan por tal concepto, cuando dichas personas no sean, a su vez, titulares de una autorización de transporte o de operador de transporte”.
Sanciones
La sanción por la comisión de ambas infracciones es de 4.001 euros para quien emite la factura y de 2.001 euros para quien la abona. En ambos casos, esta práctica “supone la pérdida del requisito de la honorabilidad pudiendo, por tanto, dar lugar incluso a la pérdida de la autorización de transporte por parte de la cooperativa que incurra en estas infracciones”, recuerda el Ministerio de Fomento en su escrito.
El gabinete que dirige Íñigo de la Serna subraya además que el Plan de Inspección del Transporte por Carretera para el año 2018 contempla como “una de las actuaciones prioritarias la comprobación del transporte público realizado bajo el amparo de la correspondiente autorización, haciendo especial hincapié en aquellas cooperativas cuyos socios tributan en módulos en base a facturar transporte a la propia cooperativa, incumpliendo lo dispuesto en el articulo 140.2 y 140.17 de la LOTT”.
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