Fetransa tacha al Gobierno de “cómplice” del dumping social por no transponer la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores

Fetransa recuerda que España tenía de plazo para transponer la Directiva 2014/67/UE sobre el desplazamiento de trabajadores hasta el 18 de junio de 2016.

En plena polémica sobre el hecho de que España no suscribiera el pacto contra el dumping social en el transporte firmado por nueve países europeos el pasado 27 de enero en París, la organización Fetransa no ha dudado en criticar la actuación del Gobierno español por su ausencia de una iniciativa que está encaminada hacia la “defensa de una competencia leal, de los derechos de los trabajadores y de las propias empresas de transporte, ya que los dos principales objetivos de dicha alianza son la lucha contra el fraude y la defensa de unas condiciones mínimas de los trabajadores”.

Además, desde Fetransa recuerdan que España tenía de plazo para transponer al derecho interno la Directiva 2014/67/UE sobre el desplazamiento de trabajadores hasta el 18 de junio de 2016, lo cual a día de hoy no se ha cumplido.

Llegados a este punto, no dudan en alertar de que la no transposición de la Directiva puede producir un “efecto llamada” a las empresas buzón para que presten servicios de transporte internacional o de cabotaje en nuestro país, “ya que no disponemos de ninguna protección normativa al respecto, lo cual convierte al Gobierno en cómplice del grave problema que está sufriendo el sector del transporte de nuestro país con el “dumping social”.

Críticas a Astic

Pero las críticas de Fetransa no se dirigen únicamente al Gobierno, ya que también manifiesta su incomprensión ante la postura de Astic, que hace unos días calificó de “cínica” la iniciativa firmada en París. Para Fetransa, las críticas al acuerdo firmado en la capital francesa despejan “cualquier duda existente sobre la cobertura que desde dichos ámbitos se está haciendo a la deslocalización fraudulenta de empresas”.

Finalmente, Fetransa no oculta su deseo de que “el ROTT contribuya a la mejora de las condiciones de competencia del transporte de nuestro país, con el establecimiento de un número mínimo de flota y con la posibilidad de transmitir la autorización de transporte para el rejuvenecimiento y modernización de nuestro sector”.

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