La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, asistió ayer a la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados en la que expuso la posición del sector del transporte por carretera respecto a la elaboración de la Estrategia de Seguridad vial para el periodo 2021-2030 que se está llevando a cabo en el ámbito parlamentario.

Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer destacó la tendencia positiva de reducción de la siniestralidad en el sector en los 20 últimos años, tanto en camiones ligeros como pesados. Sin embargo, durante la pandemia se ha invertido esta tendencia, como consecuencia de la situación de estrés a que se han visto sometidos los transportistas, llegando a multiplicarse por tres el número de conductores fallecidos.

Pero Villaescusa también señaló que las normas que regulan la actividad del transporte por carretera no están favoreciendo la mejora de la seguridad vial, como ha sido la eliminación en 2013 de la exigencia de formación para acceder al segmento del transporte ligero o, recientemente, la anulación del requisito de antigüedad de los vehículos de transporte.

Durante la comparecencia, el presidente de Fenadismer hizo especial hincapié a la problemática de las labores de carga y descarga a que se ven obligados los transportistas al llegar a los centros logísticos, ocasionándoles una mayor fatiga que incide negativamente en la seguridad vial, sin que la Administración hasta ahora haya regulado adecuadamente esta cuestión.

De hecho, según varios estudios relativos a las condiciones de trabajo de los conductores profesionales, ponen en evidencia que, del total de accidentes de trabajo, más de una tercera parte corresponde a accidentes relacionados con las labores de carga y descarga, teniendo en cuenta además que casi el 70 por ciento de los conductores reconocen participar en dichas tareas, pese a que la regulación legal establece que tal obligación corresponde, como regla general al cargador y destinatario.

Además, durante la pandemia y pese a las recomendaciones de la Comisión Europea instando a que no se obligara a los transportistas a hacer dichas tareas para reducir las posibilidades de contagio, las empresas cargadoras han continuado imponiéndolo, ya que de esta forma las empresas “se ahorran” más de 2.000 millones de euros anuales. Por ello, se señaló, es necesario que la Administración aborde dicha cuestión regulando la participación de conductores de vehículos pesados en la carga y la descarga, salvo en determinadas especialidades que por la naturaleza de la carga o las condiciones técnicas del vehículo aconsejen su intervención.