Fenadismer ha anunciado a través de un comunicado que solicitará formalmente tanto a los Ministerios de Consumo e Industria como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que «inicien una nueva investigación contra las principales compañías petrolíferas por posibles prácticas restrictivas de la competencia y de fijación de precios en la venta de carburantes en España».

La federación, que en su comunicado recuerda que representa a 32.000 empresas transportistas, ha tomado esta decisión «como consecuencia de la falta de repercusión real de las importantes bajadas del precio del crudo internacional que se están produciendo en las últimas semanas -debido a la epidemia del coronavirus– en los precios de los carburantes que se suministran en las gasolineras españolas».

De hecho, en su nota Fenadismer asegura que «viene detectando una alteración artificial de los precios de los carburantes que no corresponde con las importantes bajadas del crudo en los mercados internacionales». La organización sostiene que el precio del barril de Brent se ha abaratado «más del 20% en el último semestre», mientras que «el precio de venta al público de los carburantes se ha mantenido estable en las últimas semanas, en torno a 1,20 euros el precio del litro de gasóleo A«.

Los datos oficiales contradicen esta afirmación, pues desde la semana del 13 de enero el precio del diésel se ha visto reducido aproximadamente en un 5%, pasando de venderse de media a 1,254 euros el litro a los 1,190 que el gasoil marcaba a principios de esta semana.

Según afirman desde Fenadismer, esta disparidad entre la evolución de los precios del petróleo y de los combustibles de automoción «trae como consecuencia un gravísimo perjuicio para todos los consumidores, tanto profesionales como particulares». Y muy especialmente «para el sector del transporte de mercancías por carretera, que consume el 51% del total del gasóleo de automoción en España».

La federación concluye su nota que la situación en la que se encuentran los transportistas «contrasta con los impresionantes beneficios obtenidos por las compañías petrolíferas, que han venido siendo sancionadas sucesivamente por la propia Comisión Nacional de la Competencia por prácticas restrictivas de la competencia, pero sin que tales multas produzcan el deseado efecto disuasorio que acabe con dichas prácticas«.

Por eso, la organización que preside Julio Villaescusa insiste en la «necesidad de vigilar de forma prioritaria el mercado de distribución de los carburantes por su carácter estratégico y de sancionar, en su caso, de forma ejemplarizante a las petroleras por posibles prácticas restrictivas de la competencia«.