Fenadismer denuncia ante Bruselas la tasa de 40 euros que Francia quiere cobrar por cada conductor desplazado a partir de 2018

Francia quiere que por cada trabajador desplazado las empresas deban abonar una tasa de 40 euros.

Fenadismer ha denunciado ante la Comisión Europea el decreto aprobado recientemente por el Gobierno francés por el que el Ministerio de Trabajo galo pretende exigir “una tasa de 40 euros por cada trabajador desplazado en territorio francés a fin de contribuir financieramente a compensar los costes de la puesta en marcha y funcionamiento del sistema informático” con el que controlará que las empresas de transporte que operan en el país vecino cumplen con la normativa de trabajadores desplazados.

La federación española ha calificado la pretensión del Gobierno galo como “abusiva”, pues en su opinión el nuevo decreto, que entraría en vigor en 2018, “contraviene la normativa comunitaria, ya que la imposición de dicha tasa vulnera manifiestamente la Directiva europea sobre trabajadores desplazados así como por afectar a los principios fundamentales de libre circulación de personas y mercancías establecidos en el Tratado de la Unión Europea”.

El cobro de la citada tasa es sólo un trámite burocrático más de los muchos que lleva aparejado cobro del salario mínimo en el país vecino aprobado por la conocida como Ley Macron. Según la norma impulsada por el ahora presidente de la República, “todas las empresas transportistas que se desplacen a dicho país para realizar transporte internacional o interior (cabotaje) deberán llevar a bordo de los vehículos de transporte la documentación obligatoria acreditativa de que el conductor asalariado percibe, al menos, el salario mínimo establecido en el país galo”, recuerdan desde Fenadismer.

El cobro de ese salario mínimo “debe justificarse mediante la expedición de un certificado de desplazamiento, en el que figuran los datos de la empresa transportista, del conductor y su retribución salarial, así como una copia del contrato de trabajo”. Además, desde enero los transportistas “deben acreditar el cumplimiento de dicha regulación a través de una aplicación informática en la página web del Ministerio de Empleo francés (denominado SIPSI), y posteriormente entregar copia de dicho documento al conductor para llevarlo a bordo del vehículo”.

Según afirman desde Fenadismer, el objetivo de esta nueva exigencia no es otro que el de “facilitar a las autoridades francesas un mayor control del cumplimiento de la Ley Macron, así como disponer de un estudio estadístico sobre la situación de los trabajadores desplazados en Francia, según indicó en su día el propio Gobierno francés”.

Pero claro, esa gestión tiene un coste que ahora las autoridades francesas quieren repercutir con la tasa de 40 euros por cada conductor desplazado que ahora ha denunciado Fenadismer ante la Comisión Europea.

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