España abre los ojos. Por Ramón Valdivia, director general de Astic

«Para que la opinión pública española haya abierto los ojos ha hecho falta una hecatombe como la que hemos vivido, un precio demasiado alto, sin duda», considera el autor del artículo.

Hace pocas fechas conocíamos los reveladores resultados de la encuesta elaborada por la consultora de investigación de mercados y opinión pública GAD3 y la Fundación Corell acerca de la percepción de la sociedad sobre el transporte de mercancías por carretera en tiempos de pandemia. El 97% de los encuestados (españoles de más de 18 años) considera que el transporte de mercancías por carretera ha desempeñado un papel vital durante la crisis del Covid-19.

Para que la opinión pública española haya abierto los ojos ha hecho falta una hecatombe como la que hemos vivido, un precio demasiado alto, sin duda, pero la gente se ha percatado que sin el sector del transporte por carretera casi nada funcionaría y también se han percatado de que sus integrantes necesitamos apoyo y que éste ha sido escaso por parte de los poderes públicos que dicen saber de la importancia estratégica de esta actividad en el desarrollo económico, vertebración social y el bienestar de la ciudadanía pero actúan luego priorizando intereses distintos. Uno se pregunta qué más tiene que suceder para cambiar este persistente abandono que nos dispensan desde las altas esferas.

Entre los encuestados, prácticamente la totalidad (95%) califica la actuación de las empresas de transporte por carretera como buena o muy buena y estima que su funcionamiento es esencial. Asimismo, la población, pese a estar a otras prioridades, como preservar su hogar y mantener su cabeza fría durante unos interminables y agitados tres meses de confinamiento, no perdió dato de la realidad exterior y se percató de que fue el sector privado, y no el público, el que proporcionó el mayor respaldo a los transportistas. Así lo indica el estudio de GAD3: el 56% piensa que el sector no recibió ni la ayuda económica ni el apoyo necesarios desde las Administraciones públicas, frente al 91% que valora, en cambio, como buenas o muy buenas las acciones proactivas desde el sector privado.

En mi opinión, es muy llamativo que hasta el 86% de los encuestados creen que las administraciones deberían proteger de modo especial al sector porque presta un servicio esencial y para tres de cada cuatro ha mejorado la percepción que tenían de los transportistas. Estos contundentes resultados no arreglan las causas de la delicada situación que están viviendo las empresas del transporte por carretera a raíz del Covid-19 (se estima una caída de 5.000 millones de euros en facturación en España) pero sí pueden servirnos de base para construir soluciones sólidas trabajando conjuntamente con la Administración y los cargadores: corregir los desequilibrios de poder negociador entre usuarios y prestadores del servicio de transporte es una tarea difícil, sin duda, pero resultará más atractiva para todos sabiendo que la ciudadanía lo valorará casi tanto como los transportistas.

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