Las asociaciones de transportistas que acudieron recientemente a la presentación del plan de inspección en materia de transportes de la Comunidad de Madrid pidieron a la consejera del ramo, Rosalía Gonzalo López, que su departamento fije su foco inspector en el transporte privado complementario.

Se trara de una actividad que, según la Asociación de Empresas de Transportes de la Región Centro (Atradice), adolece de “una importante carencia inspectora” pese a que es “un foco de realización de servicio público sin la debida autorización, principalmente en zonas de intensa actividad comercial”.

En términos muy similares se han expresado desde la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA), cuyos representantes en el acto de presentación del plan pidieron “tanto a Consejería como a los responsables de la Guardia Civil asistentes, aumentar las inspecciones al transporte privado complementario y a aquellas empresas deslocalizadas para combatir de manera efectiva el fraude en el sector”.

Desde Atradice también hicieron especial hincapié en la necesidad de controlar a las cooperativas de trabajo asociado, una figura que “en ocasiones se utiliza de forma fraudulenta para el acceso al sector de autónomos que no cumplen los requisitos de competencia profesional o flota mínima, con la incidencia tanto laboral como fiscal que ello tiene”, remarcan desde la patronal madrileña.

Por su parte, desde ATA recuerdan que hace pocas semanas asistieron a una reunión en la Dirección General de Transportes madrileña en la que los representantes de la asociación trasladaron a los responsables de Inspección de Transportes de la Comunidad de Madrid “los informes elaborados por Fetransa sobre falsas cooperativas”.

Sea como fuere, los responsables de Inspección y ATA han acordado “iniciar un proceso de colaboración por el cual ATA podrá poner en conocimiento del gobierno de la Comunidad de Madrid aquellas situaciones que supongan una clara evidencia de transporte ilegal (sin autorización, con autorización de privado complementario, etc.).

El plan de inspección para 2018 recoge, según explican desde Atradice, “seis grandes líneas de actuación: inspección de vehículos en carretera (controles de peso, de servicios con autorización de privado complementario, de transporte de mercancías peligrosas y perecederas, del transporte internacional y el cabotaje); control telemático de vehículos; inspección de empresas de transporte, operadores de transporte y cargadores (incluido el control sobre plataformas digitales de contratación y la economía colaborativa); inspección en materia de tacógrafo, tiempos de conducción y descanso; inspección de centros de formación; y la inspección de transportes por cable”.

La asociación madrileña hace “una valoración positiva del plan”, puesto que recoge “las principales actuaciones de control contra las prácticas que más negativamente influyen en la seguridad y en la competencia”. No obstante, Atradice ha pedido a la Administración madrileña “que se preste especial atención” al cabotaje, a las denuncias indiscriminadas al transporte de mercancías perecederas exentas de las restricciones al tráfico, a las comunicaciones telemáticas en el procedimiento sancionador y a la posibilidad de que las empresas puedan hacer controles preventivos de alcoholemia y de drogas a sus conductores.

A vueltas con la estiba
La presentación del plan madrileño de inspección también sirvió para que Antonio Villaverde, presidente de ATA y vicepresidente de la Sección Mercancías del Comité Madrileño de Transportes, trasladara a los responsables de la consejería su “inquietud ante la inminente entrada en vigor de la nueva normativa que regula la estiba de la carga”.

Y es que, tal y como ha denunciado Villaverde, existe una “contradicción” en “la aplicación de la nueva normativa de la estiba, en cuanto a responsabilidad se refiere”. Por una parte, la ley de contrato de transporte indica que “la responsabilidad de la estiba en la carga recae en el cargador (siempre que no se pacte lo contrario)”, mientras que por otro lado, “la norma que entrará en vigor el 20 de mayo y que regulará la estiba será una norma de tráfico y cualquier sanción impuesta recaerá sobre el conductor y el titular del vehículo”.