El Gobierno tiende la mano al sector de la automoción y le ofrece diálogo para descarbonizar la economía

La ministra Ribera ha suavizado la postura fijada inicialmente por su Ministerio en el proyecto de Ley.

El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobado ayer por el Consejo de Ministros para su envío al Congreso -donde iniciará su tramitación parlamentaria- tiende la mano a la industria de la automoción y le ofrece diálogo para avanzar juntos en una estrategia que desemboque en “un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050”.

Lejos quedan las prohibiciones expresas contenidas en anteriores borradores de la norma, que vetaban la venta de motores de combustión a partir de 2040, o las polémicas declaraciones en las que la ministra afirmó poco después de tomar posesión de su cargo que el diésel tenía “los días contados”.

Por el contrario, el proyecto de Ley que se remitirá a las Cortes contempla que “el conjunto de las Administraciones Públicas -Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales- podrán en marcha medidas que posibiliten en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2”. Es decir, se prevén incentivos en lugar de prohibiciones.

Para ello, y siempre de acuerdo con la normativa europea, las autoridades públicas “adoptarán medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km”.

De hecho, la norma prevé que para conseguir ese parque automovilístico con cero emisiones de CO2 en 2040 el Gobierno, “previa consulta con el sector”, pondrá en marcha “medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, incluyendo apoyo a la I+D+i”. Una vez más, en la redacción del proyecto de Ley se intuye antes la zanahoria que el palo.

Asimismo, el proyecto de Ley establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán “medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023”.

Por último, el texto contempla el fomento del desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional, para lo que programa “la instalación progresiva de puntos en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que representan en la actualidad el 10% de la red”.

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