La Comunidad de Madrid ha confirmado ya la tramitación de los primeros boletines de denuncia contra empresas de mensajería por llevar a cabo servicios de transporte a través de los vehículos de sus propios trabajadores. Las actuaciones del gobierno regional contra este tipo de prácticas tiene lugar en coordinación con la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, según ha explicado la viceconsejera de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, María Consolación Pérez Esteban, en una reunión con el Comité Madrileño del Transporte por Carretera (CMTC).

Desde la Administración se informó que también se han detectado casos en que se contrata el servicio de transporte de mercancías en vehículos particulares, pero siendo dos casos diferentes, hay un incumplimiento de la normativa de transportes en ambos, informan desde CETM-Madrid.

La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) exige que «quienes contraten una operación de transporte como porteadores deberán llevarla a cabo a través de su propia organización empresarial», entendiéndose que los vehículos se hallan integrados en la organización empresarial del porteador cuando disponga de ellos en propiedad, arrendamiento financiero o arrendamiento ordinario, independientemente de que estos vehículos precisen o no la correspondiente autorización de transporte, «por lo que en ningún caso dichos vehículos pueden pertenecer a los trabajadores de la plantilla de la empresa«, insisten en CETM-Madrid.

Para esta organización de transportistas, estos casos suponen un atajo a las condiciones de regulación de nuestro sector, lo que produce competencia desleal de las empresas y precariedad laboral de los conductores. «Pero lo verdaderamente sorprendente es que organizaciones de operadores logísticos se empeñen en seguir defendiendo que sea el conductor el que aporte el vehículo«, denuncian.

Además, desde la asociación madrileña a través de OCEM se expusieron los principales problemas que atañen al sector de las mudanzas como las restricciones de acceso a Madrid Central a partir del 1 de enero de 2020, el intrusismo profesional que sufre el sector y el “tasazo” que por ocupación de la vía pública aprobó en anterior gobierno del Ayuntamiento de Madrid.

Otros asuntos que se trasladaron por parte de los representantes del sector del transporte fueron la necesidad de armonización de criterios respecto a los planes de movilidad urbana, la seguridad jurídica que precisan las empresas y autónomos del sector para acometer la renovación de flotas, y la necesidad de crear mesas de trabajo en materia de inspección para coordinar y colaborar en las actuaciones inspectoras.