La desconvocatoria del paro sectorial en el transporte previsto para los días 27 y 28 de julio es, qué duda cabe, una buena noticia. Más allá del seguimiento real que pudiera haber tenido una convocatoria de estas características en la coyuntura actual (mejor es no haber tenido que llegar a comprobarlo), lo cierto es que la unidad de acción en el Comité Nacional del Transporte ha sido muy superior a la registrada en conflictos anteriores. Y esta es también otra buena noticia.

La actitud mostrada con los transportistas por el Ministerio de Transportes, una vez fue puesto sobre la mesa el pasado 22 de junio la realización de un paro sectorial, ha sido bien valorada por no pocos representantes de los transportistas participantes en las reuniones, para destacar de forma muy especial el papel jugado por la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo. Su capacidad para escuchar y no partir de ideas preconcebidas, para atender reivindicaciones factibles y rechazar con claridad las de difícil traslado a la realidad, así como la seriedad con la que ha liderado este complejo proceso de negociación ante un Comité Nacional que ha transmitido el grado de enfado real que hay en el sector, son aspectos que merecen ser destacados.

Si el Gobierno cumple los compromisos adquiridos habrá puesto las bases para que los transportistas puedan dejar de pensar en movilizaciones que a nadie interesan nunca y continúen ofreciendo a la sociedad todo su valor como auténtico sector estratégico

Ahora bien, una vez que la negociación ha triunfado sobre el conflicto se abre un nuevo escenario, ya en septiembre, que debe estar marcado por la rápida traslación a la realidad del transporte de los compromisos adquiridos por el Gobierno. Buena parte de las medidas ofrecidas de su puño y letra por el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, en nombre del ministro Ábalos, no dejar lugar a demasiadas interpretaciones ni al comienzo de dilatados y complejos entramados legislativos. Así como ocurre con la intención de abordar con seriedad el problema de la morosidad o con el intolerable retraso en la devolución de cantidades pendientes del céntimo sanitario. Menos sencillo se antoja, las cosas como son, la clarificación del marco normativo existente en relación la realización de las labores de carga y descarga por parte de los conductores.

En cualquier negociación siempre se quedan asuntos por el camino, y esta vez no podía ser una excepción. Pero si el Gobierno cumple los compromisos adquiridos habrá puesto las bases para que los transportistas puedan dejar de pensar en movilizaciones que a nadie interesan nunca y continúen ofreciendo a la sociedad todo su valor como auténtico sector estratégico, lo que quedó todavía más demostrado en los peores días de la pandemia.