Ciriza ha destacado “que se trata de una propuesta abierta a las aportaciones de las diferentes formaciones y que busca el mayor consenso político posible. Navarra tiene que seguir avanzando en la cohesión social, territorial y en el desarrollo económico, así como en la seguridad vial. Esta alternativa de financiación con peajes exclusivamente a vehículos pesado, es una opción muy extendida en muchos países europeos, bajo los principios de 'quien contamina paga y quien usa paga'. No hay que olvidar, además, que nuestra comunidad tiene una posición geográfica estratégica como puerta de entrada y salida del tráfico internacional pesado”.

Peajes exclusivos a vehículos pesados

La propuesta del Departamento de Cohesión Territorial se fundamenta en los principios de “quien usa paga” y “quien contamina paga” de la directiva 2004/35/CE de la Comisión Europea. "En este sentido, cabe recordar que los vehículos pesados son los que tienen un mayor impacto en el deterioro de las carreteras así como en la contaminación", aseguran los promotores de la propuesta, para recordar que la tarificación a vehículos pesados en vías de alta capacidad se encuentra ampliamente extendida en la Unión Europea.

"Países como Alemania, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Suecia, República Checa o Polonia tienen implantados peajes en el 100% del territorio; otros como Francia o Italia en su mayor parte. En este sentido, España, actualmente, es una excepción al respecto. Únicamente el País Vasco los ha implementado en prácticamente todas sus vías de alta capacidad", señalan.

Una empresa pública gestionaría cinco vías de alta capacidad

Si la propuesta sale adelante, la sociedad pública, que estaría adscrita al Departamento de Cohesión Territorial, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, sería la encargada de gestionar las cinco vías de alta capacidad que actualmente no se encuentran concesionadas en la Comunidad Foral (A-10, Autovía de la Barranca - Irurtzun-Altsasu / Altsasua; A-15, Autovía de Leitzaran - Irurtzun-Andoain; N-121-A, Pamplona /Iruñea-Behovia; A-1, Autovía del Norte - Ziordia-Altsasu /Alsasua; y A-68, Autovía del Ebro – Castejón-Cortes;) y de aplicar la tarificación a vehículos pesados.

La implantación de los peajes debe ser autorizada por la Unión Europea. Se podrían ingresar hasta 45 millones de euros anuales, de carácter finalista, de los cuales en torno a 29 millones se emplearían para financiar obras urgentes en estas cinco vías (túneles de Belate y Almandoz, N-121-A…) y otros 16 millones se destinarían para la conservación de las mismas así como para otros gastos de mantenimiento. A estos 45 millones de euros se sumarían otros seis millones de euros de recaudación en IVA.

En Navarra existen otras tres vías de alta capacidad que se encuentran concesionadas: AP-15 (Pamplona-Tudela), dependiente de Audenasa, cuya concesión revertirá en 2029; la A-12 (Autovía del Camino - Pamplona-Logroño), cuya concesión se prevé finalice en 2032; y la A-21 (Autovía del Pirineo - Pamplona-Huesca), cuya reversión a la Administración Foral se producirá en 2039. La futura y posible implantación de peajes a vehículos pesados en estas dos últimas vías dependería de la finalización de las concesiones, dado que actualmente no se prevé su rescate por parte de la Administración Foral (supondría desembolsar más de 500 millones de euros), así como de su incorporación a la empresa pública para que las gestione, principalmente.

En relación a la composición de su consejo de administración, éste estaría integrado por representantes de todos los grupos políticos en proporción a su representación en el Parlamento de Navarra. Sería el encargado de establecer la posible política comercial.

Ni peajes a vehículos ligeros ni peajes en sombra

El consejero Ciriza ha avanzado a los grupos políticos que “el departamento, en ningún caso, contempla implantar peajes a vehículos ligeros en estas cinco vías de alta capacidad”. En relación a futuros o posibles incrementos en los Presupuestos Generales de Navarra, ha señalado que “dada la actual y futura coyuntura a consecuencia de la epidemia del Covid-19, no parece en estos momentos ni realista ni oportuno plantearse detraer futuros recursos de los Presupuestos Generales de Navarra de las áreas sociales (Salud, Educación, Derechos Sociales…), tan necesitadas, dado que, cuando menos, sería preciso triplicar durante un largo periodo de tiempo el presupuesto destinado a carreteras para hacer frente a las necesidades.

Asimismo, se descarta una posible financiación mediante los denominados “peajes en sombra". Según los cálculos realizados por el Departamento de Cohesión Territorial, en relación a la A-12, cuyas obras de ejecución costaron 390 millones de euros, se estima que van a acabar costando 1.300 millones de euros a la Administración Foral, de los cuales 219 serían IVA, es decir, regresan a las arcas forales. En lo que respecta a la A-21 (solo a 45 kilómetros), las obras se ejecutaron por valor de 271 millones de euros y se prevé acaben costando 727 millones de euros, de los cuales 126 serían IVA.