CCOO acusa a España de alinearse con el «esclavismo laboral» por excluir al transporte de la Directiva de trabajadores desplazados

El «30% de los camiones sujetos a controles se comprueba que infringen y son multados por no cumplir normativa europea UE», denuncian desde CCOO.

La posición del Gobierno español, concretamente de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la reunión de los ministros del ramo de la UE el pasado 23 de octubre para iniciar las negociaciones sobre las trabajadoras y trabajadores desplazados, ha provocado duras críticas por parte del Sector de Carretera y Logística de CCOO y la Federación Europea de Trabajadores/as del Transporte (ETF). Ambos organismos de representación sindical confiesan que tenían buenas perspectivas ante la reunión comunitaria, «pero se han visto abocadas al fracaso por las excepciones hacia el transporte por carretera, impulsadas por la ministra de Empleo, Fátima Báñez».

Así, para Comisiones Obreras, el Gobierno español, en especial los ministerios de Empleo y Fomento, deberían apoyar a las trabajadoras y trabajadores desplazados y no posicionarse con las actitudes más reaccionarias de los países del Este, que buscan eliminar la protección a la clase trabajadora y el ‘esclavismo laboral’ como fórmula para acumular beneficios rápidos».

La posición común de una mayoría de países permitirá a los Estados iniciar en noviembre las negociaciones finales con el Parlamento Europeo sobre la revisión de las normas para trabajadoras y trabajadores desplazados, pero la negativa defensa de España, conjuntamente con Portugal, Irlanda, Hungría, Polonia, Republica Checa, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria, no permitirá tener las mismas normas que el resto de trabajadores/as desplazados, destacan desde el sindicato, que recuerda que el 16 de octubre, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo rechazó todos los intentos de excluir al transporte por carretera del ámbito de la directiva de trabajadoras y trabajadores desplazados, y de la revisión de esta norma y de su aplicación efectiva.

ETF, federación en la que está integrada CCOO, realizaron un día después un comunicado considerando esta posición, y valorándola de muy positiva porque mostraba una fuerte voluntad política para proteger a nuestros profesionales y respetar el Tratado de la UE que garantiza la no discriminación de las y los ciudadanos de la UE en el marco de la libre circulación de trabajadores/as.

Tanto CCOO como ETF están convencidas de que este voto es también una inequívoca y «clara señal de una emergente conciencia colectiva en todos los Estados miembros, sobre que las personas y su dignidad no son menos importantes que los meros intereses comerciales. Sin embargo, los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo ayer que desbarata por completo la ilusión creada«.

La ministra de Empleo, Fátima Bañez (izquierda), ha defendido en Luxemburgo una postura muy criticada por CCOO.

La posición común, apoyada por una mayoría de países tras varios cambios en el texto, va a permitir que en noviembre se inicien las negociaciones que revisarán las normas para las trabajadoras y trabajadores desplazados, con la finalidad de que el salario, las vacaciones o los descansos, entre otros, se apliquen a estas personas desplazadas en las mismas condiciones que a quienes trabajan en ese país, las trabajadoras y trabajadores locales.

Los países dieron su respaldo al principio general planteado por la Comisión Europea (CE) de que los trabajadores/as desplazados deben cobrar el mismo salario que los locales, y no solo el salario mínimo del país de destino, como fija la directiva actual. No obstante, se mostraron profundamente divididos sobre la duración máxima de los desplazamientos, que la CE pedía fijar en 24 meses, el periodo de transición para empezar a aplicarla —la CE proponía tres años— y, sobre todo, el tratamiento que debía darse al sector del transporte por carretera y al cabotaje.

Finalmente, el acuerdo cerrado establece que los trabajadores/as podrán estar desplazados 12 meses antes de que empiecen a aplicárseles todas las reglas laborales del país de destino, no solo las relativas a la remuneración, y este periodo podrá ampliarse otros seis meses si lo pide el proveedor de servicios. El tiempo de transición será de cuatro años: los países tendrán tres para introducir las normas en su legislación nacional y uno más para empezar a aplicarlas.

Pendientes del Paquete de Movilidad

Los países han aceptado la propuesta de que las nuevas normas para trabajadores/as desplazados no se apliquen al sector del transporte por carretera hasta que se implemente el llamado «Paquete de Movilidad», un conjunto de normas específicas para el sector de transportes que negocian desde junio los ministros de este ramo.

Sobre esta resolución, CCOO aporta el dato de que en el sector del transporte por carretera el «30% de los camiones sujetos a controles se comprueba que infringen y son multados por no cumplir normativa europea UE». Así las cosas, advierte de que “no compartimos la imagen de camiones estacionados a lo largo de las carreteras y autopistas europeas, o conductores/as que viven en áreas de estacionamiento inadecuadas y escasas de los mínimos servicios».

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