La Comisión Europea ha ofrecido al Estado español un pacto en virtud del cual el Ejecutivo comunitario no iniciará un expediente de infracción a nuestro país siempre y cuando el Gobierno recorte en 400 millones de euros las subvenciones que recibe Correos por prestar el denominado Servicio Público Universal (SPU) entre 2011 y 2020.

La decisión de Bruselas, que se produce después de que tanto UNO como la patronal de empresas prestadoras de servicios postales universales (Asempre) hayan denunciado reiteradamente estas prácticas ante las autoridades comunitarias por considerarlas ilegales y tendentes a fomentar la competencia desleal.

El Estado español había asignado a Correos 1.680 millones de euros en concepto de ayudas para la prestación del SPU en el período comprendido entre 2011 y 2020. No obstante, la Comisión Europea acepta como máximo 1.280 millones, lo que se traduce en el tijeretazo de 400 millones que mencionábamos con anterioridad. Sea como fuere, esta cifra está pendiente de ser revisada por la CNMC, que podría reducir aún más la cantidad que debe recibir Correos de las arcas públicas.

Como quiera que el operador público ya ha gastado 1.219 millones de los 1.280 que ha fijado como máximo la Comisión Europea para el periodo 2011-2020, en lo que queda de año Correos sólo podrá gastar para realizar el SPU un total de 61 millones de dinero público.

Además, tanto UNO como Asempre subrayan que “se trata de la primera vez que la Comisión Europea declara públicamente que los importantes descuentos realizados por Correos a grandes clientes, realizados por debajo de costes, no pueden ser compensados por el dinero público que recibe para realizar el SPU, como ya dijo hace unas semanas la propia CNMC”.

La decisión de Bruselas en este sentido incluye asimismo una advertencia para España. El Gobierno deberá comunicar a la Comisión Europea con carácter previo la cuantía de las ayudas que otorgará a Correos entre 2021 y 2025.

Tanto UNO como Asempre han acogido el fallo de la Comisión Europea “con enorme satisfacción”, puesto que “limita que Correos siga compitiendo dopada con dinero público con las empresas privadas”. En este sentido, ambas patronales subrayan que “las empresas privadas del sector postal y de paquetería llevan años padeciendo en España una injusta competencia desleal que se ha traducido en el cierre de numerosas empresas pequeñas porque no podían competir con un operador que actuaba permanentemente fuera de la ley de manera impune”.