Aviso a navegantes del TJUE. Por Ramón Valdivia, director general de Astic

Hay momentos que suponen puntos de inflexión para Estados o administraciones propensos a cometer alguna irregularidad en Europa. Alertas disuasorias, por decirlo suavemente. Es lo que ha ocurrido con el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal la ley creada en Alemania para el peaje por uso de sus carreteras solo aplicado a vehículos extranjeros. Se trata de una reafirmación clara de que no se pueden sacar impuestos ni tasas como de una chistera, a los que sólo “los de fuera” estarían sujetos en un país de la UE.

Aunque esta decisión judicial afecta sólo a vehículos ligeros, nos beneficia a todos en cuanto a consecuencias prácticas se refiere. Por una parte, la posible reclamación de dinero indebidamente cobrado si, por ejemplo, en el caso del Reino Unido y la famosa HGV Levy (Heavy Goods Vehicle) sigue la misma suerte que el caso alemán a causa de la denuncia que interpusimos en 2015 ante la Comisión Europea por considerarla discriminatoria: cobraba por igual a todos, pero a los transportistas locales les retorna, por otras vías, lo pagado a causa de la HGV Levy -unas 1.000 libras por camión al año-.

Por poner en contexto este complejo asunto, ya en abril de 2016, antes de que se celebrara el referéndum sobre el Brexit, la Comisión Europea abrió un Procedimiento de Infracción contra el Reino Unido por la implantación en 2014 de la tasa discriminatoria HGV. De poco sirvió el recurso interpelado por Theresa May, pues la norma deberá ser modificada para cumplir con la legislación europea… si es que UK sigue formando parte de dicha Unión.

Por otra parte, la sentencia es un firme aviso a navegantes, pues hace poco hemos sabido que en Francia están barajando la posibilidad, dentro de la Ley de Orientación de la Movilidad (LOM), aprobada en segunda lectura en la Asamblea Nacional hace unos días, de implantar una viñeta para camiones extranjeros como una solución mágica para costear las infraestructuras. Pero por más que se empeñen algunos partidos políticos galos en instaurar esta medida, es de esperar que no se ajustará al derecho comunitario a los ojos de la Corte de Luxemburgo.

También podemos encontrar un paralelismo de vaivén jurídico con el céntimo sanitario en España, una carga fiscal que, buscando adaptarla tras otra sentencia del TJUE, se integró en 2013 en el impuesto especial sobre los hidrocarburos. El TJUE actuó al final de un largo período de Procedimiento de Infracción llevado a cabo por la Comisión Europea contra el Reino de España, proceso que ya en 2008 daba todas las señales de nuestros legisladores estaban condenados a cambiar la normativa y a devolver lo indebidamente cobrado. Veremos en qué deriva el actual asunto…

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