Arrecia el enfrentamiento entre transportistas y el RACC por la siniestralidad en la N-340

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«¿Por qué la reducción de siniestralidad y su mortalidad asociada no merece ningún tipo de aportación de dinero público y sólo se exige un sacrificio económico a las empresas de transporte?», se preguntan en FEAT Tarragona.

Una vez que el Reial Automóbil Club de Catalunya, RACC, ha vuelto a reclamar el desvío obligatorio de los camiones a la AP-7 para solucionar la elevada siniestralidad de la N-340 a su paso por la provincia de Tarragona (nueve muertos en 12 meses), la polémica entre esta organización y diferentes organizaciones de transportistas ha vuelto a recrudecerse.

Así, desde la Federació Empresarial d’AutoTransport de Tarragona no dudan en recordar que la solución plateada por el RACC, que consiste en bonificar con un 50% de descuento el paso obligatorio de los camiones por el peaje, es idéntica a la de la N-II a su paso por Gerona, «cuando la problemática es bien diferente, tal y como han reconocido desde la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cataluña».

Además, desde esta organización de transportistas se aclara que aunque desde el RACC se asegure que su propuesta es aceptada por el «territorio» la realidad es que vecinos, transportistas y alcaldes de la zona reclaman la gratuidad en los tramos de autopista paralelos a la N-340.

Llegados a este punto, recuerdan que «los transportistas no somos los responsables de paralizar las inversiones en vías públicas, o en no desdoblar en su día la N-340, y por tanto rechazamos la pretensión de hacernos culpables de una siniestralidad que somos los primeros en sufrir. Muchos transportistas mueren cada año en las carreteras haciendo un trabajo que es indispensable, tanto social como económicamente». Además, defienden que «la medida de prohibir el tránsito a los camiones es excepcional, y tiene que ir acompañada de una alternativa de paso que no suponga un incremento del coste, pues esto sería establecer un nuevo impuesto».

Por otro lado, argumentan desde la FEAT que «cuando se afirma que pasar por la autopista compensa pagar un peaje bonificado al ahorrar carburante, tiempo, etc., no podemos olvidar que los transportistas saben perfectamente el coste que tiene cada trayecto. Si de verdad fuese así no habría necesidad de prohibir el paso por la N-340, y voluntariamente pasarían por la autopista».

En cuanto a que el porcentaje de bonificación está calculado para que la medida no tenga ningún coste para la Administración, se preguntan abiertamente ¿por qué la reducción de siniestralidad y su mortalidad asociada no merece ningún tipo de aportación de dinero público, y sólo se exige un sacrificio económico a las empresas de transporte?

Con todo, frente a la propuesta del RACC, «el transporte ni merece ni acepta ser criminalizado y pide, en perfecta sintonía con el resto del territorio y su tejido social y económico, la gratuidad de los tramos de autopista que permitan garantizar una movilidad segura en nuestras comarcas».

Hasta 7.500 camiones diarios

Por su parte, desde el RACC acusan veladamente al Ministerio de Fomento por la falta de medidas para combatir la elevada siniestralidad en una vía que soporta hasta 25.000 vehículos diarios, con picos de un 30% de camiones. Desde esta organización apuntan que en cinco de los siete accidentes mortales ocurridos en la N-340 en el último año hubo un camión involucrado y que la solución «inmediata» para reducir «drásticamente» la mortalidad no es otra que desviar obligatoriamente los camiones al peaje, no sin calificar de «inadmisible» la situación actual.

Con todo, advierten en el RACC de que no se trata de «buscar culpables, sino de poner soluciones, los transportistas no son los culpables de esta situación, como a veces se quiere hacer creer. Al contrario, muchas veces son las victimas de los accidentes que se producen. El problema es ineficiente de la red, que concentra el tráfico de más riesgo en las vías menos seguras». En julio del año pasado, el RACC ya articuló un plan para trasvasar camiones a los peajes en 24 tramos de peaje en toda España que evitaría la muerte de 79 personas en la carretera cada año.

Fenadismer acusa al RACC

En todo este asunto Fenadismer ha querido también dejar clara su postura pasar acusar al RACC de «criminalizar de nuevo a los transportistas y de moverse por intereses políticos«. Para la organización que preside Julio Villaescusa, el club de automovilistas está intentando confundir a la opinión pública al «asociar» los fallecidos en la carretera con la circulación de los camiones por esta vía.

El rechazo de Fenadismer a la campaña del RACC es por lo tanto absoluto, «al situar al colectivo de transportistas como responsables principales de la siniestralidad en las carreteras, lo que es absolutamente incierto, ya que dichas víctimas mortales no son imputables al sector del transporte por carretera», para añadir que el RACC «parece actuar más como una “caja de resonancia” al servicio de determinados intereses políticos, que por motivos exclusivamente técnicos».

Asimismo, denuncian, frente a la propuesta aparentemente “sencilla y de aplicación inmediata”, como señala el RACC, de desviar obligatoriamente a los camiones a la autopista de peaje, no menciona que dicha actuación supondría para los transportistas un desembolso adicional de al menos 15 millones de euros en favor de la concesionaria de autopistas Abertis (de la que es propietaria La Caixa), y que asimismo tendría repercusiones directas sobre el carácter de vía rápida que define precisamente a una autopista, al incrementar de forma importante el número de vehículos pesados que transitarían por la misma, en perjuicio de los turismos que utilizan la autopista precisamente por las ventajas de rapidez que comporta la autopista frente a la carretera convencional.

Las medidas, según Fenadismer, deberían ir encaminadas a reducir la velocidad máxima en los tramos más peligrosos de la citada carretera, lo que redundaría de modo directo en la reducción de siniestralidad y además desincentivaría a un importante número de conductores particulares de utilizarla optando por la autopista, sobre todo en desplazamientos largos, incrementar la velocidad máxima autorizada en la autopista de peaje, ya que el estrecho margen de velocidad máxima existente entre ambas vías no fomenta la utilización entre los conductores particulares de la autopista.

Otras decisiones acertadas serían, a juicio de esta organización de transportistas, establecer un programa de descuentos para todos los usuarios de la autopista de peaje, para incentivar su utilización voluntaria, fomentando el trasvase de todas las categorías de vehículos desde la carretera nacional hasta la autopista y convertir la actual carretera N-340 en una vía 2+1 carriles, para favorecer el adelantamiento de los vehículos en condiciones más seguras, habiendo resultado dicha configuración muy exitosa en los países donde se encuentran implantadas, y además con un coste muy inferior al de convertir la actual N-340 en autovía.

Fomento tiene ya un acuerdo con Abertis

En plena polémica, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, ha considerado inadecuada la acusación del RACC a Fomento de pasividad por este asunto, tal y como informa La Vanguardia, para añadir que Pomar ha recordado que es la Generalitat quien tiene las competencias sobre el tráfico en la vía aunque la titularidad de la misma sea del Estado, por tanto, podría prohibir mañana que circulen los camiones, y que la intervención del Ministerio se hace porque hay que bonificar el desvío de la circulación de camiones por la AP-7, algo por lo que ya hay un acuerdo con la concesionaria Abertis por 5 millones de euros.

 

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