AMDPress.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, 25 de septiembre, la nueva Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT), que sustituye a la vigente desde 1987 y que ya está preparada para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), tras lo cual comenzará a aplicarse.

Durante el último trámite parlamentario el pleno del Congreso votó a favor de las ocho enmiendas parciales propuestas por el Senado. A pesar de que todos los partidos apoyaron estas modificaciones, la oposición explicó que éstas suponen mejoras técnicas muy concretas y no generales. Por ello, PSOE e Izquierda Unida afirman que el texto es susceptible de ser mejorado puesto que no ayudará a aclarar la regulación del sector.

Algunos de los cambios aprobados hoy se refieren al incremento de las acciones sancionables por parte de los conductores profesionales, como la instalación en el vehículo de instrumentos de control (tacógrafos) manipulados ilegalmente, la carencia de suficientes datos registrados sobre los tiempos de conducción y descanso, y la no devolución por parte del transportista de documentos revocados o caducados.

El resto de las enmiendas tenidas en cuenta durante la votación del texto legislativo hacen alusión a la la adaptación de la norma a las exigencias requeridas por la Unión Europea y a la aclaración de la redacción del documento. En este sentido, el diputado socialista Francisco Contreras aseguró que se trata de una ley «“farragosa y enrevesada» que provocará «“largos procesos en los tribunales que perjudicarán especialmente a las pequeñas empresas «“ y transportistas autónomos.

El diputado popular Luis Ortiz respondió a Contreras asegurando que la «“complejidad» del texto responde a la necesidad de abordar «“tanto los casuismos como la generalidad» de la normativa del sector. En opinión del Partido Popular, esta ley supone un avance fundamental para incrementar la seguridad y la competencia transparente del transporte de mercancías por carretera.

Para conseguir estos objetivos, el Gobierno pretende aumentar los mecanismos de control para perseguir prácticas contrarias a la seguridad y la competencia, como el exceso de peso transportado por cada vehículo y del tiempo de conducción o los abusos en las tareas de carga y desacarga.

Este punto ha sido uno de los más conflictivos durante todo el proceso recorrido hasta la aprobación de la ley, puesto que ésta prevé que sean los transportistas quienes realicen estas labores, medida a la que este colectivo se opone frontalmente. Fenadismer anunció recientemente que de no prohibirse la carga y descarga por parte de los transportistas recurriría judicialmente la ley.

El texto también establece la exigencia de implantar el tacógrafo digital en todos los vehículos industriales nuevos y amplía el ámbito de actuación de las Juntas Arbitrales del Transporte, puesto que antes sólo podían mediar en conflictos que no implicarán un coste superior a 3.000 euros y ahora tendrán un margen de actuación en los casos que impliquen diferencias de hasta 6.000 euros.

Además, los organismos de inspección de transporte o las fuerzas de seguridad de vigilancia en carretera podrán ordenar el traslado de un vehículo sospechoso hasta el taller o zona de control más próxima para comprobar si existe un exceso de peso o manipulaciones en el tacógrafo o el limitador de velocidad.