Anfac ha presentado hoy un Plan de movilidad, una iniciativa que plantea avanzar hacia la aprobación de una Ley de Movilidad nacional así como implementar un conjunto de 50 medidas que sirvan para armonizar las políticas municipales y autonómicas en estos aspectos. Entre estas medidas, en el ámbito de la distribución urbana aparece la necesidad de articular instrumentos específicos de ayuda a la renovación de los vehículos, establecer incentivos en las zonas de carga y descarga para los vehículos de cero y bajas emisiones y avanzar en el desarrollo de la optimización de los procesos logísticos.

En la presentación el plan, José Vicente de los Mozos, presidente de Anfac, ha destacado la existencia en España de cinco leyes de cambio climático diferentes en otras tantas comunidades autónomas, así como 54 planes de calidad del aire, una realidad «por la que quizá en España ganemos récord Guinness», ha ironizado en su defensa de la homogeneidad normativa a lo largo y ancho de todo el país.

Con todo, la iniciativa de Anfac supone, insisten en la patronal, “el paso adelante de la industria de la automoción, una propuesta constructiva” de cara a colaborar con las Administraciones nacional, autonómicas y/o municipales para diseñar una estrategia de movilidad uniforme, coherente y comprensible para el ciudadano que sirva para mejorar la eficiencia, sostenibilidad y seguridad del transporte por carretera.

La asociación ha presentado este plan a las formaciones políticas y administraciones municipales y autonómicas. En este sentido, se están manteniendo encuentros y conversaciones para trasladar estas medidas a los responsables públicos. «El plan surge de la necesidad de enfrentar la situación de incertidumbre que vive el consumidor y que está afectando al desarrollo del mercado», concretan en Anfac, en un escenario marcado por el descenso en las ventas de automóviles a lo largo de los últimos siete meses.

Entre las medidas figura la reducción del Iva aplicable al vehículo eléctrico del 21 al 10%, líneas de ayuda para puntos de recarga eléctrica y suministro de gas natural, así como promocionar el gas renovable y el gas licuado de petróleo.

Se reclama además la asignación de un presupuesto de 200 millones de euros para afrontar la renovación del parque de vehículos (incluyendo también a los industriales pesados). De esta cifra, 150 serían para la apuesta por vehículos propulsados por combustibles alternativos y 50 millones para fomentar la adquisición de vehículos con motores de combustión de última generación.