La Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones (Anfac) ha denunciado ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de las Islas Baleares, una norma aún en tramitación que “incluye la prohibición de que puedan circular por las islas, a partir de 2025, vehículos diésel (coches y motos) que circulan legalmente en el resto de España y de la Unión Europea”.

La patronal de fabricantes explica que el mencionado proyecto de Ley va “aún más allá”, pues prevé la prohibición –a partir de 2035– de la circulación de “coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales)”. De hecho, sólo podrán transitar por las carreteras del archipiélago aquellos vehículos “ya radicados en la región, con independencia de su antigüedad”.

Por eso, desde Anfac denuncian que “ningún ciudadano europeo podrá acceder con su vehículo de combustión a estos territorios insulares a partir de estas fechas”, mientras que los concesionarios ubicados en las islas no podrán vender vehículos de nuevas tecnologías, como sí podrán hacerlo los situados en la península, “con el consiguiente impacto económico”.

Esta circunstancia hace que Anfac considere estas medidas “arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas”, además de calificarlas como “huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico” y asegurar que suponen “un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”, así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, además de ser “inéditas en toda Europa”.

La asociación de fabricantes sostiene que la prohibición contemplada en el borrador de la norma “incumple flagrantemente la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al “afectar gravemente al normal funcionamiento del mercado e incidir de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías”.

Contra el criterio europeo
La denuncia de Anfac recoge además que el proyecto de Ley de Cambio Climático balear propone una prohibición de circulación “que va mucho más allá de las propuestas marco de la Comisión Europea”. Y es que, según asegura la asociación de fabricantes, el enfoque de la Comisión en este sentido pasa por “descarbonizar la economía de la Unión Europea desde un punto de vista amplio y con la contribución de todos los sectores”.

Es más, “la Unión Europea apuesta por fijar una senda hacia la descarbonización en 2050 que incluye estrategias de impulso y no prohibiciones”, sostienen desde Anfac, cuyos responsables hacen hincapié en el hecho de que “los comisarios y parlamentarios europeos se han manifestado, además, en varias ocasiones, en contra de las prohibiciones taxativas, en el sentido de que la reducción de emisiones no significa que debamos sacrificar los medios de vida de los europeos”.

“Sin medidas de apoyo”
El proyecto de Ley balear adelanta el objetivo de descarbonización “entre 15 y 25 años” y todo ello sin articular medidas de apoyo. Además, Anfac lamenta que sus alegaciones y propuestas en la redacción del proyecto de Ley “no han sido consideradas”, por lo que, “dado el importante daño que entiende que se infringe al mercado, se ha visto motivada a tomar esta vía europea para que impida con la mayor agilidad el despliegue de los efectos de la prohibición”.

La asociación subraya además que aunque “restan aún seis años para la posible entrada en vigor de la prohibición, sus efectos graves se están haciendo notar ya”. Y es que el anuncio de la tramitación del proyecto de Ley “ha provocado que el mercado de venta de vehículos nuevos tenga un ritmo mucho menor en las Islas Baleares, que tan solo ha crecido un 1,6% en 2018 frente a la media nacional, que lo ha hecho en un 7%”.

Por eso, desde Anfac aseguran que la medida “supone, en la práctica, una prohibición de compra de vehículos diésel desde su misma entrada en vigor porque nadie en esa comunidad autónoma va a adquirir un vehículo en medio de tal incertidumbre y menos aún un diésel nuevo sabiendo que a partir de enero de 2025, no va a poder circular”.

Fabricantes “comprometidos” con el medio ambiente
“Los fabricantes están ampliamente comprometidos con la descarbonización del parque y están invirtiendo miles de millones en investigación para alcanzar tecnologías de propulsión cada vez más limpias. Sin embargo, esta medida no va en línea con los planes de la Comisión Europea, cuyo enfoque sobre la descarbonización es claro y parte de estrategias y medidas de apoyo e impulso sin prohibición. Las prohibiciones taxativas dañan al mercado y la competitividad de las empresas e industrias que operan en España”, ha afirmado Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac, sobre los planes del Gobierno balear.

“Cualquier política de movilidad debe girar en torno a aprovechar la mejor tecnología disponible para ese uso, manteniendo el criterio de neutralidad tecnológica, y apoyar con medidas la introducción de vehículos cero y bajas emisiones en el parque automovilístico”, ha remarcado Armero.